POR PEDRO GERMOSEN
La Cámara de Cuentas ordenó ayer a la Secretaría de las Fuerzas Armadas, mediante resolución, que tome «las medidas que correspondan» para recuperar RD$3,671,276.11, retenidos «de manera indebida» por la firma española Isofotón, S.A., al incumplir con un contrato de instalación de energía solar en los puestos militares fronterizos.

El alegado incumplimiento fue detectado mediante una auditoría financiera que practica la Cámara de Cuentas a la secretaría de las Fuerzas Armadas para el período comprendido entre el primero de enero del 2001 y el 16 de agosto del 2004.

El presidente de la Cámara de Cuentas, doctor Máximo Castillo Salas, remitió la resolución al titular de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez.

Isofotón, S.A., se hace representar en la República Dominicana por la empresa Técnicas Energéticas Solares, S.A. (TEXSOL), que preside el señor José Antonio Rodríguez Jiménez.

La Cámara de Cuentas expresa en la resolución que Isofotón, S.A., se comprometió con el Estado a diseñar, construir, ejecutar e instalar todos los equipos, así como suministro del personal necesario, para la ejecución y puesta en funcionamiento del proyecto de electrificación y bombeo con energía solar en los puestos fronterizos de las Fuerzas Armadas.

Agrega que las partes convinieron para la ejecución del proyecto la suma de US$1,481,548.10, que incluye un financiamiento por US$1.3 millones provenientes de un financiamiento internacional, que representa el 85 por ciento de la inversión.

El restante 15 por ciento, lo aportó el Estado al entregar una contrapartida de los RD$3,671,276.11 al señor Rodríguez Jiménez, quien representa a José Luis Manzano Seco, director de Isofotón, S.A., expresa la resolución.

Sin embargo, la Cámara de Cuentas señala en el documento que el proyecto en cuestión no ha sido iniciado «ni existe evidencia de que se haya realizado esfuerzo o gestión alguna en tal sentido, ni han sido devueltos los valores por la empresa contratante.»

En consecuencia, el pleno de miembros de la Cámara de Cuentas determinó que el patrimonio público ha sido perjudicado con el monto envuelto en la citada operación.

La resolución que ordena a las Fuerzas Armadas recuperar la suma, le otorga a esa secretaría de Estado un plazo de 45 días para que le informe a la Cámara de Cuentas sobre los resultados de las gestiones en este sentido.