POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador general Francisco Domínguez Brito ordenó ayer al jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, ubicar y arrestar a los ex banqueros Leonel Almonte Vásquez y Víctor Manuel Concepción, acusados de estafa en perjuicio de ahorrantes del desaparecido Banco Universal.

El general Simón Díaz, relacionista Público de la Policía, informó anoche que la comunicación pidiendo el apresamiento de los dos banqueros llegó a la institución y que de inmediato se procedió a tratar de localizarlos.

El procurador dispuso que ambos deberán ser conducidos de inmediato a la cárcel de Rafey, en Santiago.

Domínguez Brito informó que la medida cumple la sentencia CR-05-00016 del juez liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, del 17 de junio del 2005 que declaró prófugo de la justicia y ordena la comparecencia en el tribunal de Almonte Vásquez y Rodríguez Concepción.

Esta sentencia fue apelada y esta apelación rechazada por la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana mediante la resolución 319-2005-00091 del 4 de julio pasado.

Los jueces calificaron de irrecibible el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia CR-05-00016. Esta decisión no puede ser recurrida en casación ante la Suprema Corte de Justicia, conforme al artículo 425 del Código Procesal Penal.

Además, Domínguez Brito indicó que la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana declaró el vencimiento de la fianza depositada por los acusados. También, dijo que hay dos mandamientos de prisión emitidos el 7 de junio del año 1993 por el Primer Juzgado de Instrucción de Santiago contra Almonte Vásquez y Rodríguez Concepción.

El procurador Domínguez Brito explicó que el artículo 425 del Código Procesal Penal establece cuales sentencias pueden ser susceptibles del recurso de casación, «siendo la anteriormente referida no susceptible de ningún recurso de casación».

Almonte Vásquez es procesado por alegada apropiación de más de RD$145 millones de ahorrantes y depositantes del quebrado Banco Universal.

En el año 1997 fue favorecido con una fianza de RD$300,000 en un tribunal de Santiago. Empero, la decisión fue recurrida en casación, pero la Suprema Corte de Justicia, declinó el caso por ante la jurisdicción de San Juan de la Maguana, donde finalmente se produjo un fallo definitivo.

El Banco Universal, que presidía Almonte Vásquez, hizo público un proceso de iliquidez a finales del 1989 y le fue declarado “feriado bancario” para tratar de corregir la situación. Las autoridades monetarias y financieras no lograron ningún resultado positivo para los ahorrantes.

Las instrucciones al jefe policial fueron dadas mediante comunicación del pasado 20 de julio.

«Muy cortésmente tenemos a bien instruirle que proceda al arresto y traslado a la cárcel de Rafey, en Santiago, de los nombrados Víctor Manuel Rodríguez Concepción y Leonel Almonte Vásquez, a los fines de dar cumplimiento a los mandamientos de prevención 144 y 145, de fecha 7 de junio del año 1993, emitidos por el primer Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, y a las sentencia emitidas anteriormente referidas», precisa Domínguez Brito en uno de los párrafos de la comunicación al mayor general Pérez Sánchez.

Almonte Vásquez se declaró en quiebra dejando a miles de ahorrantes y depositantes sin ser compensados.

A consecuencia, se reportó la muerte de varias personas, que no pudieron soportar la perdida de todos sus ahorros.

En la época, cientos de los dominicanos que residían en el exterior habían traído sus ahorros atraídos por las altas tasas de interés que ofrecía el Banco Universal, sin que hasta la fecha hayan podido recuperar su dinero.

OTRO CASO

Almonte Vásquez también fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una indemnización de más de RD$103 millones de pesos por el entonces juez de la Séptima Cámara Penal del Distrito Nacional, doctor Juan María Severino, en fecha 26 de noviembre de 1988.

Junto a Almonte fue condenado en contumacia el ex presidente Salvador Jorge Blanco y el empresario Juan Tomás Peña Valentín, señalados como supuesto testaferro de Almonte Vásquez.

El grupo fue encontrado culpable de ventas de vehículos de las marcas BMW y Suzuki a sobreprecio a las Fuerzas Armadas y la Policía durante el gobierno del presidente Jorge Blanco.

La providencia calificativa fue dictada el 4 de agosto del 1987 por la juez de Instrucción de la Segunda Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito.

Esta providencia envía por ante un tribunal criminal a los señores Jorge Blanco, Manuel Antonio Cuervo Gómez, Juan José Rodríguez Ortiz, Almonte Vásquez, Peña Valentín, Ganímedes Ramírez, Eleodoro Berroa Contreras, Ricardo Batista Hernández, Milton Marino Mir González, Manuel Gil Medina y Tamara Mercedes Vásquez.