En los gobiernos que ha tenido el país en las últimas cuatro décadas ha sido una constante las denuncias de irregularidades alrededor de las obras que construye el Estado.

Algunas denuncias se refieren a la falta de coordinación entre las instituciones oficiales ligadas a las construcciones, pues con frecuencia se dan los casos, por ejemplo, de que luego de que Obras Públicas o un Ayuntamiento pavimenta una calle, al poco tiempo se interviene esa misma vía para colocar tuberías para el suministro de agua potable o de algún alcantarillado, y se destruye parcialmente el pavimento.

Muchas obras estatales se han inaugurado pese a presentar fallas visibles, pues se burlan los controles de supervisión y las entidades contratantes disponen la puesta en explotación en momentos que se consideran oportunos para los intereses de los funcionarios.

Con frecuencia también se denuncia la sobrevaluación de importantes proyectos, pero las quejas se quedan en las páginas de los diarios, debido a que no existe una institución especializada que realice los experticios necesarios y se encargue de escarificar lo denunciado.

Las obras estatales deben contar con un proceso de coordinación, supervisión y fiscalización que esté a cargo de un personal técnico que no pertenezca a las instituciones contratantes.

El Estado dominicano debe contar con los servicios de un organismo contralor que se dedique exclusivamente a cuidar, proteger y conservar la inversión pública en obras de infraestructura nacional.

Contrario a lo que ocurre en otros países, en el nuestro las obras estatales son las que exhiben una calidad pésima y ello es producto, principalmente, a la falta de una supervisión y fiscalización eficiente de parte del gobierno, así como a la ausencia de estrictas exigencias de mantenimiento.

El organismo que se está sugiriendo es de carácter técnico, consultivo y asesor de la Presidencia de la República en materia de coordinación, supervisión, fiscalización, explotación y conservación de obras públicas.

El actual gobierno, presidido por el licenciado Danilo Medina, daría un importante paso en el camino de la transparencia en el cuido de los fondos públicos si procede a la creación de ese organismo contra- lor.

Esa creación demandaría cambiar el nombre a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) por el de Oficina Ejecutara de Obras del Estado, debido a que esta dependencia de la Presidencia de la República se dedica a construir obras que de manera urgente le solicitan al Primer Mandatario de la Nación o que son de cierto interés del Ejecutivo.

Entre las funciones básicas del organismo propuesto figura el visado para la ejecución de obras, previa coordinación con todas las instituciones y los Ayuntamientos, así como la correspondiente supervisión, a fin de dar seguimiento tanto al ritmo de ejecución como a la calidad de los trabajos.

También le competiría autorizar la puesta en explotación de las obras terminadas luego de la debida evaluación por parte de una Comisión Nacional de Recepción y en la cual se establecería que las mismas están aptas para el uso.

Otra importante labor serían las auditorías técnicas cuando se denuncie sobre-valuación de una determinada obra, a fin de establecer si los valores pagados de las partidas ejecutadas se corresponden con la calidad de las mismas y que los volúmenes de las cubicaciones coincidan con las ejecuciones.

La creación del referido organismo tiene su justificación en el hecho de que en el país no existe un ente contralor que se dedique exclusivamente a velar por la inversión pública en proyectos de infraestructura nacional.

Con el funcionamiento de la entidad que se sugiere se establecerían estrictos controles que permitan exhibir un manejo transparente de los recursos del Estado en la construcción de obras.

El funcionamiento y operación del organismo contralor no representaría una nueva carga para el erario, pues en los presupuestos de cada obra se incluyen los denominados “Gastos Indirectos”, entre los cuales se destina recursos para la supervisión de obras.