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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso un año de prisión preventica en contra de los 10 integrantes de una presunta estructura criminal acusada de tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos y Europa, así como de lavado de activos.
Se trata de Rafael Senen Rosado Fermín, Christopher Tavares, Estanly Ramón Paulino de Jesús, Richard Alexandro Martínez Alcántara, Pedro Antonio de los Santos Nina, Cristian Alberto Garcés, Francis Rafael Guillén Portes, José Luis Núñez Paulino, José Antonio Durán Canela y Rubén Darío Báez Medina, quienes deberán cumplir la medida en la cárcel de La Victoria.
Mientras que contra cinco encartadas restantes, Dilia Isabel Rosado Jiménez, Katty Alexandra Urbáez Terrero, Bibiana Méndez, Jennifer Madelin Martínez Cruz y Lucitania Del Carmen Goris Abreus, fue impuesto el pago de garantía económica por valor de RD$ 100,000.00, a través de una aseguradora, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Los fiscales descubrieron que entre los ahora imputados habían propietarios de aerolíneas privadas que organizaban los viajes ilegales y empleados de la Dirección General de Migración y Pasaportes.
El Ministerio Público de Santo Domingo Este en coordinación con la División Especializada de Investigación contra Delitos Migratorios (DEIDEM), daban seguimiento a la organización desde octubre de 2019.
Según el expediente de la Fiscalía, la red tenía como objetivo principal los Estados Unidos de América y además de proveer visados falsos, contaban con contactos que brindaban albergue a sus clientes en los países utilizados como paso. Además, cobraban entre US$ 1,500.00 y US$ 3,000.00, y dependiendo de la complejidad del viaje, si el cliente había sido deportado, el monto podía aumentar hasta los US$17,000.00.
Los 15 imputados fueron acusados de violar las disposiciones legales contenidas en los artículos 139, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; así como la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en perjuicio de seis víctimas denunciantes y el Estado dominicano
