El movimiento cívico Participación Ciudadana, el Centro Juan Montalvo y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) consideraron ayer como un retroceso “peligroso y lamentable” la sentencia de la  Suprema Corte de Justicia que declaró inadmisibles los recursos de inconstitucionalidad en contra del contrato de  la Sun Land y el Estado.

Representantes de esas entidades se refirieron por separado a los recursos que sometieron por ante la SCJ, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y Foro Social Alternativo sobre el préstamo de US$130 millones de la Sun Land al Estado dominicano.

PC. En declaraciones por escrito, Participación Ciudadana lamenta profundamente el precedente creado por la SCJ, cuando expresa que sólo los presidentes de las Cámaras Legislativas pueden demandar la inconstitucionalidad de las leyes y contratos por falta de cumplimiento de un trámite, como es, por ejemplo, la aprobación congresional.

Entiende que esa decisión implica una pérdida  del espacio ganado por la ciudadanía a través de decisiones anteriores de la propia Suprema, en las que se había reconocido la calidad de parte interesada a cualquier ciudadano que demande o denuncie la inconstitucionalidad de cualquier ley, decreto, resolución o acto.

Reclama. PC reclamó al Poder Ejecutivo que  informe a la Nación cuál ha sido la suerte de los pagarés firmados en esta operación, quién es el acreedor, a cuánto asciende el monto adeudado y los intereses que genera el capital, y si la Sun Land entregó al Estado la carta de crédito irrevocable por US$41,052,630 a la que se obligó de acuerdo con el contrato de revocación, para garantizar el desembolso de los pagarés en manos de terceros. 

Centro Juan Montalvo. De su lado, Juan Luis Corporán, vocero de esa entidad, criticó que la justicia no castigue la corrupción pública.

Dijo que ven con asombro la decisión de la Suprema y señala que se trata de un asunto político en el que se está defendiendo lo indefendible.

FLACSO. Para el especialista en derecho constitucional,  Nassef Perdomo la Suprema con esa decisión limita la capacidad de los ciudadanos a reclamar sus derechos y ser parte interesada, tal y como lo establece el artículo 67.1 de la Constitución. 

Consideró que se sienta un precedente nefasto, que contradice la jurisprudencia. Otorga la razón a jueces  de la Suprema  disidentes.