El sistema judicial está envuelto en graves precariedades de hacinamiento, logística para el traslado de reos, citaciones equivocadas, posposiciones, exceso de prisión preventiva, falta de confianza y otros males que dificultan el acceso a la justicia.

Así lo afirmaron ayer las organizaciones que integran la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, durante un evento en el que presentaron los resultados preliminares de un diagnóstico realizado en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, el cual detecta los escollos que acusan a la justicia.

El encargado del estudio, Michel Camacho, explicó que en Santo Domingo la situación es peor dado que algunas audiencias deben celebrarse en furgones, donde hay roces físicos entre jueces y acusados.

Señaló que debido a esa situación algunos magistrados reciben amenazas e imprecaciones por parte de imputados.

Durante el cuarto foro Acceso y Eficiencia de la Justicia, auspiciado por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Camacho señaló que el 63% de las víctimas no denuncia los delitos porque carecen de confianza.

Por su parte, Ricardo Rojas León apuntó que el 18% de los habitantes del Gran Santo Domingo ha sido víctima de algún delito, lo que asciende al 20% si se incluye el 2% de la tasa de homicidios.

Indicó que, según la encuesta Enhogar realizada en el 2015, fueron cometidos 422,813 delitos en el Gran Santo Domingo, incluidos robos en viviendas, atracos, despojo de celulares y carteras, así como amenazas o agresiones.

Además señaló que la mayoría de las víctimas son personas entre 18 y 24 años y de 25 a 34.

Destacó que las mujeres son más proclives a sufrir robos en viviendas, mientras los hombres están más propensos a la sustracción de celulares y recibir intimidaciones o golpizas.

Detalló que, conforme a estadísticas de la fiscalía de la capital, el 44% de los casos logra acuerdo, el 2% recibe no ha lugar y el 54% apertura a juicio, a nivel de instrucción. Asimismo, a nivel de juicio, el 42% de los casos alcanza conciliación, el 10% recibe absolución y el 48% condenas.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, criticó la congestión de los tribunales, la deficiencia del personal humano en las estructuras judiciales, así como “los obstáculos orgánicos que debilitan el cumplimiento de lo dictado en el ordenamiento jurídico y a nuestras instituciones”.
Acotó que esa entidad promueve acciones, estudios técnicos y diagnósticos que busquen fortalecer el sistema judicial.

Por su parte, Mónica Melo resaltó la falta de información correcta entre los usuarios y prisiones preventivas injustificadas.

Aunque al Poder Judicial le corresponde por ley el 2.66% del presupuesto, Michel Camacho cree que los problemas del sector judicial no se reducen a un aumento presupuestario.