Decenas de organizaciones y personalidades del mundo social, laboral, médico, académico y de los derechos humanos, que propugnan por la equidad de género y el ejercicio de los principios democráticos, instaron este lunes a los diputados a excluir del Código Penal la pretendida penalización de la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer corra peligro, cuando éste sea el resultado de una violación o incesto y el caso de que el feto tenga malformaciones impatibless con la vida.

Agrupadas en la Coalición por la vida de las Mujeres, las organizaciones exhortaron a la Cámara Baja a rectificar el error cometido por el Senado al desestimar las correctas observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al proyecto de Código Penal tras considerar que el Estado tiene la obligación de proteger la dignidad, el derecho a decidir y la vida de las mujeres.

Llamar la atención sobre los artículos 38 y 42 del texto constitucional que establecen que “el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.

Las acciones de política sanitaria que de manera urgente reclama la sociedad buscan en primer plano la superación de los altos índices de mortalidad materna.

El 13% causado de las muertes maternas se producen por las condiciones de inseguridad en que se realizan abortos clandestinos.

Las organizaciones afirman también que es intolerable que el 20% de los partos que se realizan en el país sean de niñas y adolescentes, situación atribuida a la irresponsabilidad estatal en educar y adoptar cuantas medidas sean necesarias para prevenir los embarazos indeseados.

Las organizaciones enviaron una carta a los y las integrantes de la Cámara de Diputados en la que advierten el grave peligro de establecer sanciones penales contra quienes participen en la interrupción para salvarle la vida a una mujer o en cualquiera de las circunstancias especiales ya mencionadas.

Recordaron los términos de la carta de observación a los artículos del Código Penal que penalizan la interrupción del embarazo, enviada por el Presidente Medina a la Cámara de Diputados el veintiocho (28) de noviembre del 2014, cuando advertía “lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que debe regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimiento de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en tres supuestos debidamente fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.

Entre las organizaciones que firman la carta están el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA) el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), la Confederación Nacional del Campo (CONAMUCA), la Federación de Mujeres Campesinas de Villa Altagracia y la Federación de Mujeres campesinas de Baní (FEMUCABA)

También apoyan la carta el Centro de Estudio de Género del INTEC, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), la Colectiva Mujer y Salud, la Articulación Nacional Campesina, Profamilia y la Federación de Mujeres campesinas de Elías Piña (FEMUCAEP), la Asociación Nacional de Servicios de Enfermerías (ASONAEN), la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, el Colegio Médico Dominicano y la Red de Periodistas con Perspectiva de Género, entre otras entidades.