Organizaciones de la sociedad civil consideran que el artículo 52 del proyecto de reforma constitucional vulnera el derecho humano a la educación.

Denunciaron  que el proyecto que discute la Asamblea Revisora, en ese artículo excluye a la población extranjera con estatus migratorio irregular del derecho de acceder al sistema educativo.

Entienden que esta disposición es contraria al derecho internacional de los derechos Humanos y al Código para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, que establecen  que la educación es un derecho universal.

La posición la respaldan el Centro Bonó, el Foro Socioeducativo, el Foro Ciudadano, el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (Cepal), el Centro Dominicano de Estudios de la Educación (Cdee) y la Coalición de Organizaciones No Gubernamentales por la Infancia.

El padre Antonio Lluberes,  dio lectura a un documento en el cual se señala que no  se toma en cuenta la realidad que afecta a centenares de miles de dominicanos “de origen”, así como a los  de ascendencia extranjera que carecen de documentación. Un gran problema.