La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) junto a otras 12 organizaciones solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Mariano Germán Mejía, convocar al pleno del máximo tribunal de justicia para escoger un representante de ese órgano que provenga del 75 por ciento de los jueces de carrera y que no vaya a ser evaluado en esta oportunidad para formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Según precisaron las organizaciones, el actual secretario del CNM, Frank Soto, no proviene de la carrera judicial, lo cual resulta en la “reprochable situación de que 12 magistrados de esa alta corte no tengan participación alguna en ese Consejo”.

“El escenario que describimos es una evidente contradicción a los esfuerzos democratizadores del Poder Judicial demandados por la sociedad y que quedaron plasmados en la reforma constitucional del 2010 al consagrar al Consejo Superior del Poder Judicial como un órgano representativo de la judicatura, tomando en consideración los diversos estamentos de la carrera judicial”, indica el documento remitido al presidente de la SCJ.
Un elemento que se agrega, precisan, es que los dos magistrados de la Suprema que integran actualmente el CNM serán evaluados por este órgano, “lo que implica un conflicto que no hay forma de evitar con el presidente de la Suprema Corte de Justicia pues como señalamos es correcto que la máxima posición del Poder Judicial esté representada en el Consejo, pero se podría evitar con el segundo miembro, que ocupa la secretaría del órgano, eligiendo un miembro de la SCJ que no deba ser evaluado”.
Indicaron que aunque la Constitución y las leyes orgánicas del Poder Judicial obligan a que los titulares de la SCJ provengan en un 75% de la carrera judicial, ninguno de los dos representantes de ese órgano ante el Consejo tiene esa calidad.

No obstante, señalan que en el caso particular del Presidente apoyan que permanezca en el organismo convocado para el 2 de octubre, tanto en atención de su alta investidura, así como por serle atribuido en el artículo 2, numeral 6 de la Ley 130-11 del CNM.

Suscriben el documentos, además, la Asociación Dominicana de Alguaciles; la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), la Cámara Americana de Comercio, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), el Centro Montalvo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Consejo Dominicano por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (Condetre), la Coordinadora de Organizaciones barriales Don Bosco (Codonbosco), Participación Ciudadana y Poder Ciudadano.