A fin de evitar que los efectos de las frustradas elecciones del 16 se febrero se prolonguen hasta mayo “y produzca un estallido”, las 13 agrupaciones políticas que participaron ayer en una multitudinaria marcha-caravana propusieron la concertación de un gran pacto político-social en el que el presidente Danilo Medina, como jefe del Estado, sea compromisario.
Para garantizar elecciones libres y equitativas, sin la irrupción del Gobierno, la coaliación de partidos y agrupaciones de oposición exige, además, el reforzamiento de la Junta Central Electoral (JCE) con veedores y consultores sociales “de respeto y equilibrio, inobjetables”, con asesoramiento externo, sobre todo en lo informático.
Reclaman asimismo, buscar un equilibrio en la composición de las juntas electorales municipales, los funcionarios de los colegios electorales y los técnicos de apoyo; y que la misión de observadores de la OEA se mantenga en el país hasta que culminen las elecciones presidenciales y congresuales de mayo.
En un manifiesto leído por la diputada Faride Raful, José Eduardo Abud y Heidy Adón, pidieron la inmediata implementación de la Procuraduría Especializada para perseguir los delitos electorales, y la designación, por consenso de los partidos, de su titular y principales auxiliares.
Propusieron que además se elabore un protocolo de compromiso a ser asumido por todos los partidos, para proscribir, perseguir y condenar todos los delitos electorales, especialmente la compra de votos.
Demandaron también que los altos funcionarios salgan de la campaña electoral o que tomen licencia de sus cargos; y que el propio presidente Medina “asuma el papel de moderador y agente de equilibrio y entendimiento que corresponde a los estadistas”.
Piden además la suspensión inmediata de todos los repartos clientelistas y de interés partidista, que no sean los programas de subsidios sociales establecidos, toda la publicidad estatal de corte político, y que se prohíban las contribuciones de los contratistas y suplidores del Estado para evitar la extorsión.
Miembros JCE tienen crédito suspendido. Los partidos de oposición afirmaron que en otras circunstancias el fracaso del 16 de febrero habría obligado a los jueces de la JCE a renunciar, pero deben ser conscientes que tienen el crédito suspendido, y como dijo su presidente (Julio César Castaños Guzmán), están obligados a nacer de nuevo.
“Tendrán que comprometerse con una serie de garantías para que las elecciones reprogramadas para el 15 de marzo se celebren en un ambiente de equidad, sin la irrupción del Gobierno, mediante un pacto político-social que despeje la desconfianza predominante. Ese pacto cobra más importancia para las elecciones de mayo que pondrán en juego el control de los dos mayores poderes del Estado”, dice el manifiesto.
La advertencia. Advirtieron al Gobierno, a la JCE y a todos los sectores influyentes “que la vergüenza del pasado domingo no se puede repetir, y que aquí tendremos que escenificar un juego limpio, bien transparente, para evitar que la indignación que nos satura se prolongue hasta mayo y produzca un estallido. Aquí lo estamos proclamando, no como amenaza, sino como advertencia”.
Partidos firmantes. El manifiesto condicionante lo firman los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP), Reformista Social Cristiano (PRSC), Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Humanista Dominicano (PHD), Bloque Institucional Social (BISD), Frente Amplio (FA), Alianza por la Democracia (PAD), Quisqueyano Demócrata (PQDC), Dominicanos por el Cambio (DxC), Fuerza Nacional progresista (FNP) y Partido de la Unidad Nacional (PUN).
También participaron en la marcha-caravana y las coaliciones Democrática por la Regeneración Nacional, y por la Defensa de la Constitución.
La bendición de la actividad estuvo a cargo del dirigente perremeísta y pastor Dío Astacio.