Varias organizaciones depositaron hoy un documento al Tribunal Constitucional (TC) para que este proteja el derecho que tienen los ciudadanos a querellarse contra funcionarios que cometan actos de corrupción.

Justicia Fiscal, Centro Juan 23, Ciudadanos contra la Corrupción, el Centro Bonó, entre otras instituciones, advirtieron que modificar el artículo 85 del Código Procesal Penal generaría un blindaje jurídico para la corrupción y la impunidad.

“Es necesario  que se proteja el párrafo tres de este artículo ya que es el único recurso legal que le queda a la población para defenderse del azote de los funcionarios corruptos”, expresaron.

El sacerdote Mario Serrano, el abogado Ricardo Díaz Polanco, Mario Bergés, Manuel Robles, María Teresa Cabrera, entre otros, llegaron con pancartas en señal de protesta.