Cuatro organizaciones de la sociedad civil, entre las que destacan Participación Ciudadana y el Centro Juan XXIII, solicitaron ayer a la Procuraduría General, investigar si la campaña electoral oficialista del 2012, y la reforma constitucional del 2015 para restaurar la reelección presidencial, fueron financiadas por Odebrecht a través de las empresas “Polis Caribe SRL” y “Cine&Art2013, SRL”, propiedad de Joao Santana.

Afirmaron que de comprobarse la veracidad de esas “delaciones premiadas” hechas por varios altos funcionarios de Odebrecht en instancias judiciales de Brasil, el partido de la Liberación Dominicana (PLD) habría violado la Constitución dominicana, la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley Electoral y la de Lavado de Activos.
Santana era asesor. En una instancia dirigida al procurador adjunto Rodolfo Espiñeyra, las organizaciones dijeron que la vinculación del PLD es en virtud de que sus dirigentes han declarado que Santana era su asesor de campaña, “y en los breves estados financieros presentados tardíamente a la JCE por el partido oficialista” no se evidencia ningún pago hecho por éste ni por ninguna de sus empresas.
Recusan al procurador. Resaltaron que obviaron dirigirla al procurador general, Jean Rodríguez, porque su activismo político en la campaña de entonces del presidente Danilo Medina, y su membresía en el Comité Central del PLD, “lo descalifican para hacer una investigación imparcial del caso”.
Las organizaciones, entre las que se incluyen además el Espacio de Acción Colectiva MASADA, y el movimiento “Santiago somos Todos”, informaron que dicha instancia fue depositada también en la Cámara de Diputados, Junta Central Electoral (JCE), Cámara de Cuentas, Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.

Afirmaron que corresponde a todas esas instituciones llevar a cabo las investigaciones de su denuncia y tomar las medidas de lugar.
Se mostraron confiados en que su acción contará con el respaldo de esas autoridades “como forma eficaz y definitiva” de aclarar la veracidad o falsedad de las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht.

“Nosotros como ciudadanos, y las entidades que representan a la ciudadanía y a la sociedad civil, estaremos vigilantes de las actuaciones que al respecto realicen estos organismos apoderados de nuestra denuncia”, dijo Fernando Henríquez, del Centro Juan XXIII, quien fungió como vocero

Estuvieron presentes Marisela Duval y Rosalía Sosa, Enrique Noboa, Manuel Olivero y Mario Bergés, Henríquez y Claudia Cappano y Claritza Gil.