Al menos 36 organizaciones de la sociedad civil rechazaron ayer la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional (TC), que declara inconstitucional el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la República Dominicana, por considerarlo un retroceso institucional y jurídico que lesiona el carácter progresivo de los derechos humanos.

Guillermo Peña, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, quien fungió de vocero, explicó que al pretender limitar el acceso de los mecanismos regionales que garantizan la protección de los derechos humanos, el TC aísla a la ciudadanía de la comunicad internacional.

También pone en peligro a los ciudadanos nacionales y extranjeros ante las arbitrariedades del Estado y de sus agentes.

Peña indicó que para salir de la corte no basta con impugnar el instrumento mediante el cual el Estado aceptó la competencia, sino que deberá retirarse de la Convención Americana como tratado de derechos humanos en su totalidad.

“Hacemos un llamado a los poderes del Estado a valorar las implicaciones políticas, económicas y de los derechos humanos que conlleva el desacato de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana, como lo sugiere el Tribunal en su fallo, al indicar que nunca ha sido competente para conocer los casos relativos a las violaciones de derechos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, expresó.

Demandan del Estado refrendar su compromiso con los derechos humanos y los acuerdos que de forma voluntaria contrajo el país con la comunidad internacional, con su permanecia en el sistema interamericano.

Estuvieron los movimientos Participación Ciudadana, Foro Feminista, Colectiva Mujer y Salud, Reconoci.do, entre otros.