En rueda de prensa celebrada en la mañana de hoy, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos solicitaron a la Procuraduría General de la República, realizar una exhaustiva investigación del asesinato de Francisco Ortiz Báez, ambientalista de Constanza.

Las entidades explican en la instancia depositada en la Procuraduría General de la República que sospechan que en el crimen existen autores intelectuales distintos de las personas que lo perpetraron.

Las organizaciones que participaron en la rueda de prensa y depositaron la instancia son el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, Red Socioambiental Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH-RD, Movimiento Laudato Si en RD y la Fundación Ecológica Tropical, FUNDETROP.

También participaron en la actividad la Coordinadora Popular Nacional, la Articulación Nacional Campesina, el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el Frente de Agricultores Unidos por el Progreso, FEDUPRO, la Asociación de Ganaderos de la Cuenca Alta de Yamasá, el Frente Agropecuario Unidos, FEDAUPRO, la Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente, RedAfros y la Fundación Voces del Camú.

Francisco Ortiz Báez fue asesinado por oponerse a la extracción ilegal de materiales del río Tireo de Constanza.

La Policía Nacional arrestó a Reynaldo Cruz Castillo y Andy Joel Payano (a) El Guardia, a quienes acusa de haber matado a Ortiz Báez y de haber enterrado su cadáver en la Cueva de San Juan de la Maguana.

Las entidades demandan que el crimen sea castigado con todo el peso de la ley y que el castigo alcance a todos los autores tanto los materiales como los intelectuales.

Consideraron que la ineficiencia de las autoridades de Medio Ambiente en proteger los recursos naturales y las áreas protegidas, obliga a que la ciudadanía asuma las responsabilidades abandonadas por estas autoridades, convirtiéndose en blanco de los depredadores y de sus sicarios.

Lamentaron ante la ocurrencia de este crimen que el Acuerdo de Escazú no fuera ratificado en el país, ya que este convenio internacional dispone la protección de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos de la violencia de los depredadores y de los que violan los derechos humanos.

Expresaron el temor de que crímenes como éste se repitan en el futuro próximo, dado que en el país se multiplican impunemente los desmanes contra los recursos naturales y las áreas protegidas, y la ciudadanía los enfrenta armada solo con su conciencia.