POR DARIO MELENDEZ
Desde la fundación de la República, al lograr su independencia, parece persistir una marcada desorientación en la ciudadanía, el dominicano común es inducido a convivir en un sistema estatal que no parece estar afianzado en nuestra idiosincrasia, ni en el medio en que nos desenvolvemos, esto se manifiesta en las persistentes emigraciones, consecuencias de una orientación compleja y voluble, la facilidad con que se modifica la Constitución de la República, las traumáticas consecuencias de unas elecciones, que parecen dar al traste con los partidos que intervienen en la llamada democracia, plagada de evidentes intereses personales, los cuales acarrean un costo exagerado del gobierno, revelando una condición inestable y confusa.

Un país pequeño y pobre se da el lujo de mantener un tren gubernamental y un sistema altamente sofisticado y costoso, copiado del que rige en Estados Unidos, nación que por su amplitud territorial y considerable población, precisa de ampuloso tren gubernamental cuyo costo lo justifica su amplio poderío.

En nuestro caso, mantener un régimen estatal tan aparatoso y caro, constituye motivo de miseria e intranquilidad, que los grupos partidistas se encargan de estimular y tergiversar para obtener ganancia política y riqueza estatal, con el apoyo de un régimen que ofrece jugosos beneficios a quien decide formar parte de un partido o dispone establecer tienda aparte. Todo por el interés de percibir los emolumentos estatales o administrar los bienes del Estado, cuyo Presupuesto o Ley de Gastos Públicos constituye la mayor riqueza que se administra en el país, de la que cualquier allegado puede adueñarse y lucrarse, siendo caudalosamente mantenida mediante gravosas sisas al presupuesto familiar.

Además del Presupuesto, el régimen promueve infinidad de gastos superfluos e innecesarios, destinados a obtener simpatías políticas, bienes que se distribuyen alegremente, mediante dádivas de todo género inclusive terrenos o solares, materiales de construcción y otros obsequios que se donan para construir viviendas al tuntún, efectos que, en horas, vuelven a las ferreterías que los vendieron y los agraciados, haciéndoles efectivos, celebran alegres francachelas con lo que nada les ha costado obtener.

Uno se pregunta si puede justificarse un gasto tan enorme como el que se incurre en unas elecciones donde se hace cuantioso derroche de recursos, sólo para sortear el tesoro nacional.

Quien desea disfrutar de los lujos de una embajada, sólo tiene que valerse de sus relaciones políticas, para obtener un cargo diplomático con todas las prerrogativas, gran prestigio y postín, pleno disfrute de una posición lujosa y prestante, sin que le cueste un centavo, por el contrario, se percibe enjundioso sueldo en moneda dura y múltiples canonjías propias del cargo, sin labor alguna que realizar. Cuando es necesaria alguna gestión gubernamental en el exterior, la cual se supone debe estar a cargo del enviado oficial establecido, se designa una numerosa comisión que viaja en primera categoría y cuenta con recursos en divisas, suficientes par estadía y regalos.

Innecesarios funcionarios públicos nombrados solamente para que disfruten del erario, porque así lo dispone el sistema, mientras la onerosa carga gubernamental gravita pesadamente sobre el individuo que trabaja y no cuenta con salario estatal; los agraciados del tesoro público se aferran a los cargos oficiales, sólo saben vivir del gobierno y se valen de cuantos medios existen para conservar ese improductivo medio de vida, mientras pregonan que trabajan para el pueblo.

La innecesaria división del territorio en múltiples demarcaciones políticas, con el único interés de crear onerosos puestos gubernamentales que el ciudadano común, mermando sus ingresos, está obligado a pagar, necesariamente ha de ser motivo de intranquilidad para quienes tienen que contribuir y absorber esos gastos estatales, viendo disminuir sus magros ingresos.

Los legisladores electos constituyen un peligro para la estabilidad nacional, toda vez que, están autorizados a reformar la Carta Magna de la Nación, asignarse costosos emolumentos, gozar de exoneraciones y demás canonjías propias de la política, negociar y leyes al mejor postor y oponerse a cualquier disposición gubernamental, si así conviene a sus intereses particulares. Su fútil actuación queda de manifiesto cuando se trata de promulgar una ley racional para el país, como ha sido el caso de la revisión al Código Penal Dominicano, cuya enmienda escapa a la capacidad legislativa de los improvisados congresistas, su costosa membresía no se justifica ni conviene, por ser un ente disociador y una amenaza para la estabilidad nacional.

Debe reconocerse que toda modificación a las leyes y regulaciones vigentes ha de corresponder a entidades capacitadas, como son, los gremios de juristas asesorados por personas idóneas y órganos nacionales e internacionales, con autoridad moral para formular una doctrina, en la cual ha de confiar su destino la ciudadanía y, en caso necesario, promover plebiscitos para que el ciudadano opine sobre la Constitución o leyes que se requieren para su sana convivencia y bienestar.

Las múltiples cumbres que se celebran, ampulosas e innecesarias, sin que las mismas aporten solución alguna a las diferencias comerciales que confrontan los empresarios de cada país participante, divergencias fácilmente resueltas, mediante cámaras de comercio que se forman entre entidades interesadas en un racional comercio internacional, demuestran que la misión oficial es simple lujo y boato, propio de un régimen rimbombante.

Se pregona una reforma del Estado y se supone que la misma ha de tener por objeto una transformación constitucional y una codificación pragmática de leyes simples, útiles y de dominio público, tomando en consideración la capacidad intelectual del dominicano y su adicción el derecho consuetudinario. Toda reforma ha de comprender un análisis juicioso de la idiosincrasia dominicana, el temperamento nuestro es muy peculiar y no debe olvidarse que una Constitución Nacional ha de servirnos para coexistir con donaire aquí y en el exterior: Yo mis deberes y mis derechos, lema que ha de orientar la dominicanidad.

El nuevo gobierno cuenta con abrumador apoyo popular, le corresponde disponer, no sólo impuestos para balancear sus finanzas y pagar deudas oficiales y políticas, sino idónea orientación cívica, que promueva el establecimiento de una Nación estable y próspero.