Oro divide ecólogos y economicistas

Oro divide ecólogos y economicistas

Efe
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La minería de oro a cielo abierto se encuentra inmersa en una acalorada polémica en Costa Rica, donde el Gobierno y una empresa la defienden por los beneficios económicos que traerá a una de las zonas más olvidadas el país, mientras ambientalistas y la oposición política la califican como una actividad «brutal» en contra del «verdadero oro» del país: la naturaleza.

La actividad minera se encontraba paralizada en Costa Rica desde el 2002, cuando el entonces presidente Abel Pacheco decretó una moratoria. Sin embargo, el actual presidente, Óscar Arias, derogó dicho decreto en abril pasado y avaló la mina «Las Crucitas», ubicada en la zona norte del país, a tan solo tres kilómetros de la frontera con Nicaragua.

Esta decisión generó el rechazo del sector ambientalista, pero la polémica se calentó al máximo el pasado 17 de octubre, cuando Arias y su ministro de Ambiente, Roberto Dobles, decretaron de «interés nacional» la construcción de la mina a cargo de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures.

La empresa minera recibió la concesión en el año 2002 en el gobierno del presidente Miguel Ángel Rodríguez, pero aún no ha entrado en operación por la moratoria anterior y el trámite de permisos.

Con el decreto de “interés nacional”, la compañía recibió luz verde para talar 191 hectáreas de bosque en la zona norte del país, con el fin de excavar enormes tajos de hasta 60 metros de profundidad para buscar el oro. Incluso, el decreto permite la tala del árbol de almendro amarillo, una especie vedada y en peligro de extinción que sirve de nido y alimento para la lapa verde, una exótica ave en riesgo de desaparecer, de la cual solo existen 35 parejas reproductivas en el país.

La compañía taló en un solo fin de semana 50 hectáreas, pero tuvo que detenerse por orden de la Sala Constitucional, que aceptó para estudio un recurso de amparo en contra del decreto, el cual aún no resuelve.

El presidente Arias ha defendido su decisión debido a que «se han hecho todos los estudios habidos y por haber» y porque la empresa ha recibido todos los permisos necesarios para su operación y además presentó un plan de reforestación en zonas aledañas a la mina.

Ante los hechos, la Fiscalía General abrió una investigación en contra de Arias y Dobles por el presunto delito de prevaricato, el cual se presenta cuando funcionarios públicos emiten resoluciones contrarias a la ley o fundamentadas en hechos falsos.

Desarrollo de una zona olvidada. El presidente Arias asegura que la actividad minera es beneficiosa para la zona norte, porque la empresa construirá caminos, abrirá unos 200 empleos y generará cerca de 80 millones de dólares en impuestos en sus 10 años de permiso, cifra que representa el 10 por ciento de su ganancia estimada en ese periodo por la extracción de al menos 700.000 onzas de oro.

La posición del mandatario es respaldada por algunos grupos de vecinos de la zona, esencialmente agrícola, que abogan por las fuentes de empleo que generará la mina.

Por su lado, el representante de la empresa minera, Andrés Soto, ha dicho a periodistas que la mitad del dinero generado por el oro, es decir unos 400 millones de dólares, se quedará en Costa Rica de diversas formas y que el cianuro que se utilizará para extraer el precioso metal no contaminará el suelo ni los ríos cercanos gracias a la tecnología de punta que se utilizará.

La zona donde se encuentra el proyecto minero se ubica cerca de la frontera con Nicaragua y se caracteriza por sus ricos recursos naturales, pero también por las pocas oportunidades de trabajo para pequeñas comunidades que se dedican, principalmente a la agricultura y la ganadería.

El gobierno también ha expresado su temor a una demanda de la empresa ante un tribunal internacional, lo que causaría un daño a la imagen del país acerca de la atracción de inversiones, seguridad jurídica y protección al inversionista.

Por su parte, grupos ecologistas y sectores políticos de oposición han criticado a Arias por darle el aval a una actividad «brutal» contra el medioambiente, lo que, afirman, contradice su discurso nacional e internacional de protección de la naturaleza.

El diputado del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), Marvin Rojas, declaró que «el gobierno anda por el mundo buscando recursos para su iniciativa de ‘Paz con la Naturaleza’, pero a lo interno del país lo que le dice a la naturaleza es que descanse en paz».

Por su parte, Valbina Torres, una humilde vecina de la zona donde se ubica la mina, calificó el decreto del presidente como «una jugada fea» y se preguntó: «¿Qué hacemos con plata (dinero) sin el bosque y con un problema con los hermanos nicaragüenses», por la cercanía de la mina con el nicaragüense río San Juan.

En esa misma línea se expresó el jefe de fracción del PAC, Francisco Molina, quien aseguró que «la decisión del Gobierno va en contra del estilo de vida de los costarricenses porque el oro nuestro es el bosque que los turistas vienen a ver». Los opositores denuncian que la empresa talará dos cerros y cavará allí los tajos, donde no se podrán sembrar árboles por los daños en el suelo. Además afirman que el cianuro que se utiliza para extraer el oro de las rocas podría contaminar aguas subterráneas y afluentes del nicaragüense Río San Juan, abriendo la posibilidad de un conflicto internacional. Nicaragua ya ha levantado su voz y pidió, mediante una nota diplomática, cancelar el proyecto minero,  lo que Costa Rica calificó como “improcedente” y exigió respeto a sus decisiones soberanas.

Las claves

1. Paralizada

La actividad minera se encontraba paralizada en Costa Rica desde el 2002.

2. Derogación

El actual presidente, Óscar Arias, derogó la moratoria en abril pasado y avaló la mina «Las Crucitas», ubicada en la zona norte del país, a tan solo tres kilómetros de la frontera con Nicaragua.

3.  Polémica

 La polémica se calentó cuando el gobierno decretó de «interés nacional» la construcción de la mina a cargo de la empresa Industrias Infinito, subsidiaria de la canadiense Vanessa Ventures.  Costa Rica es un país reconocido internacionalmente por sus abundantes recursos naturales.

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