El reclamo hecho por habitantes y autoridades  de la provincia Sánchez Ramírez para que sea modificado el contrato de explotación de sulfuros de oro suscrito por el Estado dominicano con la firma canadiense Barrick Gold  agrega un eslabón a una cadena de reclamos parecidos ejercidos en otros pueblos de América por causa del historial de contaminación ambiental asociado con los procedimientos empleados por dicha empresa.

Barrick Gold ha dejado huellas contaminantes en varias partes del continente, como ha sido el caso de Chile, Argentina y Perú, y las comunidades de esos países lograron, inclusive, una condena contra esta empresa por los pasivos ambientales creados. Con los mismos procedimientos de explotación de sulfuros, no hay garantía de que en Sánchez Ramírez y pueblos aledaños ocurra algo distinto que en pueblos de América del Sur.

El Gobierno está en el deber de ponderar estos reclamos y revisar el aspecto del impacto ambiental de esta concesión. La anterior explotación de oro, hecha por la Rosario Dominicana y que intentó continuar la también canadiense Placer Dome, dejaron huellas imborrables de daño ambiental en acuíferos y terrenos. Con razón los habitantes de la región temen que la Barrick agrave ese impacto en perjuicio de la vida.

Privilegios  inadmisibles

En el contexto actual del debate electoral, algo que la gente ha bautizado como “barrilito” otorga una ventaja irritante  a los senadores que aspiran reelegirse, con respecto a aquellos que   intentan escalar a la misma posición sin tener acceso a esos fondos del erario. Este privilegio transforma en desigual una competencia que, según los principios de equidad que se atribuyen a la democracia representativa, debería darse en plano de igualdad de acceso a los fondos públicos.

Son estas sutilezas de la política vernácula que alejan la posibilidad de aprobación de una ley de partidos que ponga freno al privilegio de buscar cuotas de poder con el envión de los recursos del erario. En cualquier tramo del período de un senador, el barrilito es una figura de privilegio injustificable, y es aún más irritante en época electoral, cuando estos recursos se prestan para mejorar las posibilidades clientelistas de  aspirantes continuistas sobre sus adversarios.