El Gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se alistan para retomar negociaciones en Nicaragua el 27 de febrero, con la expectativa de conocer la agenda, los garantes y qué pasará con cientos detenidos por manifestarse contra Ortega.
El Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua exigió ayer la liberación de sus familiares como muestra de buena voluntad del presidente Ortega ante las anunciadas negociaciones. “El Gobierno debe tener voluntad de aceptar las exigencias que el pueblo tiene”, dijo la portavoz del comité, Brenda Gutiérrez.
Gutiérrez dijo que en las negociaciones “deberían estar presentes las partes afectadas”, aglutinadas en el comité, así como en la Asociación de Madres de Abril (AMA), que agrupa a familiares de fallecidos, la Unidad Médica, compuesta por galenos despedidos por atender a los manifestantes heridos, y al Movimiento Campesino, uno de los sectores más perjudicados.