La titular de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, precisó que son 41 los funcionarios omisos del Poder Ejecutivo en sus declaraciones juradas de patrimonio y no 500 como se ha informado.

De ese grupo indicó que tres funcionarios pertenecen a otros poderes públicos, 15 completaron luego, 13 no tomaron posesión del cargo, renunciaron o fueron cancelados, dos están en proceso de completar, uno corresponde a un decreto anterior y siete están para cancelación.

Ortiz Bosch entregó a HOY la documentación sobre estas personas, tras asegurar que en la historia de la administración pública ningún gobierno se tomó tan en serio la aplicación de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, como la actual gestión presidencial.

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“Un indicador de verificación de lo antes expuesto es el trabajo constante de este gobierno en materia de transparencia y de rendición de cuentas a través de las declaraciones jurada de patrimonio de los funcionarios”, dijo Ortiz Bosch.

Apuntó que el presidente Luis Abinader Corona emitió los decretos 525-20 y 674-20 de suspensión de cargos y el 343-22 que dispone medidas para vencer ese incumplimiento y evitar tardanzas, instruyendo al Contralor General de la República, que como paso previo la inclusión de la nómina pública de los funcionarios, sujetos obligados por la Ley 311-14, es mandatario requerir copia certificada de la Declaración Jurada de Patrimonio.

Ortiz Bosch manifestó que el cumplimiento de la Declaración Jurada de Patrimonio compromete a los servidores públicos con la institucionalidad, sirve de referencia a los organismos de control sobre la honestidad en el manejo de los fondos públicos, “y nos hace reflexionar si su cumplimiento pudo incidir como prevención a la corrupción al crear cumplimiento”.

Señaló que se debe aplicar la ley a quienes llegan o se van del gobierno porque ese es el cambio que quiere la sociedad dominicana.