La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) depositó por ante la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una solicitud para investigar anomalías en el manejo de los fondos, arrendamientos de un local e irregularidades en pagos de regalías correspondiente al periodo 2017-2018 en la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA).

Un comunicado precisa que la DIGEIG, que preside Milagros Ortiz Bosch, pudo verificar las informaciones luego de que la Dirección de Investigación y Seguimiento solicitara a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) los documentos de lugar.

Además, consultó en el sistema de información de la Gestión Financiera (SIGEF) y el anterior portal de Compra Dominicana los procedimientos llevados a cabo por la ONDA.

En ese sentido, solicitó a la Procuraduría General de la República verificar si la contratación cumple con las formalidades exigidas por la norma, siempre respetando el principio de legalidad y seguridad jurídica que debe garantizar a la administración en un Estado democrático y de derecho.

Destaca que José Rubén Gonell, actual director de la ONDA, colaboró de manera activa ante los requerimientos de la investigación, proporcionando información con el interés de que sean esclarecidos los hechos.

Empleado DGII. En el caso de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Ética e integridad entregó unos documentos a los fines de aportar evidencias a un proceso de investigación que data del año 2013 sobre una denuncia interpuesta contra Lorenzo Natanael Ogando de la Rosa, Gerente de Investigación y Delitos Tributario de la DGII. Las acciones legales están siendo perseguidas por las partes afectadas.

En la denuncia se expresa que supuestamente Ogando está llevando a cabo dualidad de funciones, y además, está cometiendo cohecho con el objetivo de beneficiarse, perjudicando a terceros.

Para ampliar las investigaciones la DIGEIG remitió el informe a la PEPCA al tiempo que solicitó se le informe sobre el resultado de estas a los fines de determinar si al servidor público se le puede retener una falta al Régimen Ético y Disciplinario establecido en la Ley 41-08, sobre Función Pública.

Durante el mes de septiembre la DIGEIG ha concluido 46 casos de denuncias y ha elevado las recomendaciones a las diferentes instituciones en respuesta a la demanda de la ciudadanía.