En 1936, Augusto Céspedes, narrador boliviano nacido en 1904, escribió un libro llamado “Sangre de mestizos” donde describe la tragedia de la guerra del Chaco entre paraguayos y bolivianos.

El cuento “El pozo” impone una explicación del contexto histórico y de las razones para esa guerra que esconde los intereses imperialistas petroleros entre norteamericanos e ingleses.

Relata “La incierta, inútil y espejística tarea de la excavación del pozo intersecta con el absurdo de la exterminación humana en la guerra” dice Fernando Burgos en la “Antología del cuento Hispanoamericano” y cita textual: “Ya no se cava para encontrar agua, sino para cumplir un designio fatal, un propósito inescrutable…Aquí arriba el pozo ha tomado fisonomía de algo inevitable, eterno y poderoso como la guerra”

El cuento de Céspedes entreteje los planos sociales e históricos donde se proyectan las confusiones, absurdos y alienaciones derivadas de las relaciones entre el destino histórico y el individal. El cuento transcurre en el relato cotidiano de un diario personal, donde , día a día queda escrito el pavoros viaje al fondo de la tierra en busca del líquido vital.

“29 de abril. Nuestra gente se muere de sed. No muere pero agoniza diariamente. Es un suplicio sin merma, sostenido cotidianamente con un jarro por soldado.(…) Ellos expresaron su impotente protesta que he procurado calmar ofreciéndoles a nombre del comendante, mayor ración de coca y agua”.

Clave para comprender la historia de un país que como dice Evo Morales, el líder indígena boliviano no tiene nada que ver con el narcotráfico y la droga. Masticar la hoja de la coca en Bolivia es una costumbre secular. Es llevar el “acullico” de coca a un costado de la boca, masticada hasta la saciedad, para sobrevivir al hambre, la altura y la desnutrición.

En 1982, el desprestigio internacional del régimen por sus vínculos con el tráfico de drogas y la tenaz resistencia popular encabezada por la Confederación Obrera Boliviana, determinaron la caída del régimen militar pero nada tenía que ver este tráfico ilícito de drogas con la costumbre ancestral de masticar hojas de coca para hacer frente al frío de la puna, al hambre y a la miseria de las minas, la guerra o la selva. Hernán Siles Zuazo que asumió la presidencia después de 18 años de regímenes militares, inició un período constitucional de corte populista y nacionalista. La banca acreedora y las instituciones internacionales como el FMI y el BM bloquearon los créditos provocando una crisis financiera que redujo el salario medio de los bolivianos a 13 dólares mensuales.

Ante el inmanejable conflicto, el gobierno acortó su propio mandato y fue elegido Presidente Víctor Paz Estenssoro del MNR, que implantó un programa de ajuste neoliberal, suprimió subsidios, cerró empresas estatales y eliminó el control de precios y de la cotización del dólar. El cierre y arriendo de las minas dejó sin empleo a miles de obreros, mientras se paralizó la inversión productiva. A través de despidos masivos y de la reducción de los salarios logró contener una inflación de cuatro dígitos.

En las elecciones de 1989, el llamado “Acuerdo Patriótico” entre el MIR y la ADN permitió la nominación parlamentaria de Paz Zamora como presidente. Ambas fuerzas continuaron la política neoliberal iniciando un programa de privatizaciones de empresas públicas, con excepción de las estratégicas. En 1991 el Parlamento permitió el ingreso de militares de Estados Unidos para adiestrar personal boliviano en la lucha antidrogas. A pesar de las acciones militares y la política de sustitución de plantaciones de coca, denominada “coca por desarrollo”, la superficie de éstas aumentó. En 1992, se estimaba que unas 200 mil personas intervenían en el circuito de producción coca cocaína y que los ingresos del país por este concepto llegaban a los 950 millones de dólares anuales.

El poder de movilización del movimiento obrero decayó pero se vio compensada por el surgimiento de nuevas organizaciones de pueblos y comunidades originarias. Se realizaron diversos congresos de la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y la Amazonia Boliviana (CIDOB) y de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Sus principales reivindicaciones son la asignación de tierras, la preservación del hábitat y el uso de los idiomas nativos en la enseñanza. La población del Oriente Boliviano comprende aproximadamente 250.000 personas de 33 grupos étnico lingüísticos. En 1990, se efectuó una marcha indígena a lo largo de 750 km. desde el Oriente hasta La Paz, con la consigna de “Tierra y Dignidad”. El gobierno aprobó un “Plan Nacional para la Defensa y el Desarrollo Indígena”, en cuyo marco, en 1991, se reconocieron 8.000 has. como propiedad colectiva de la Comunidad Mosetana de Santa Ana de Horachi. En 1992, los presidentes Paz Zamora y Alberto Fujimori suscribieron un acuerdo por el cual Perú cedió a Bolivia una zona franca de 327 hectáreas en el puerto de Ilo, con lo que Bolivia obtuvo una “salida al mar”, o sea un puerto libre para su comercio internacional.

El MNR ganó las elecciones nacionales en 1993, con la fórmula Gonzalo Sánchez de Losada como presidente y el sociólogo y dirigente aymará del Movimiento Tupac Katari, Víctor Hugo Cárdenas, como vicepresidente. El gobierno estableció por ley el derecho a la educación en las lenguas nativas como el aymará, quechua y guaraní. La ley de Capitalización resolvió la privatización del 50% de las principales industrias públicas de telecomunicaciones, electricidad, petróleo, gas, ferrocarriles y líneas aéreas sobre la base de transferir a los ciudadanos bolivianos la mitad de las acciones como fondos de pensión. El objetivo era atraer la inversión externa, reducir el desempleo e incrementar el PBI. La quema de plantaciones de coca promovida por Estados Unidos motivó continuos enfrentamientos de los campesinos con las fuerzas militares mientras el Banco Mundial reportó que el 97% de la población rural vivía en la pobreza.

En 1994 la corporación petrolera Yacimientos Petrolíferos Bolivianos Fiscales, de inminente privatización, se vio especialmente avaluada por un acuerdo realizado con Brasil para la construcción de un gasoducto de 2 billones de dólares que uniría a Santa Cruz de la Sierra y Potosí con San Pablo. La ley de Capitalización, impopular entre los trabajadores temerosos de perder sus empleos, provocó en 1995 una sucesión de huelgas. En dos oportunidades, el gobierno declaró al país en estado de emergencia, con poderes especiales para la policía y toque de queda. Se prohibieron las reuniones públicas y más de 100 dirigentes fueron encarcelados.

En su campaña de presiones regionales para controlar el flujo de cocaína hacia el norte, Estados Unidos exigió en 1997 que el parlamento boliviano aprobara una ley contra el lavado de fondos procedentes del narcotráfico y se dedicó a perseguir a los líderes indígenas.

Entre los principales dirigentes está Evo Morales que construyó su liderazgo político a través de la dirección sindical de los cultivadores de coca, una antigua actividad con la que sobreviven miles de campesinos en Bolivia.

Durante años, este dirigente aimará se opuso a la erradicación de los cocales en la región del Chapare, en el centro del país y construyó su bastión político en la histórica Cochabamba, hasta convertirse en líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

En las elecciones de 2002 se presentó como un candidato “anticapitalismo” y por supuesto se convirtió en un enemigo declarado de los Estados Unidos. Participó del ballottage frente al depuesto mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, que logró la presidencia gracias a un acuerdo con otros partidos. Hoy día, este el dirigente cocalero aparece como una seria opción presidencial en el escenario que dejó la reciente crisis en el país, que abrió más espacio para el indigenismo y barrió con los partidos tradicionales. Tiene 44 años y es oriundo de la comunidad Isallavi, del departamento de Oruro. Formaba parte de una familia de siete hermanos de los cuales sólo sobreviven tres. “Esa es la realidad que viven los niños en Bolivia, muchos no pasan de los dos o tres años”, dijo .

Desde Washington, lo vinculan permanentemente al narcotráfico, pero Morales aclara que él defiende la producción de la hoja de coca, y advierte que el consumo de drogas no forma parte de la cultura andina.

Cree firmemente que Bolivia puede prescindir de los Estados Unidos porque la ayuda económica que brinda Washington no sirve a la mayoría de los bolivianos. “Esa ayuda está destinada a la represión, el fortalecimiento de los grupos económicos y a la corrupción”, dijo desafiante.

En la reciente XIII Cumbre Iberoamericana celebrada en Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más próspera de uno de los países más golpeados de la región, Evo Morales, el líder indígena que aspira a gobernar Bolivia, apretó la mano del presidente argentino Néstor Kirchner y esbozó una sonrisa algo tímida. “Presidente, si no me hubiera recibido iba a organizarle una protesta en el aeropuerto”, dicen que le dijo. Kirchner con gran sentido del humor le contestó: “No, dejá, que para eso lo tengo a éste”, y señaló al piquetero Luis D’Elía, que participaba de la delegación argentina , mientras el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aplaudía la ocurrencia del argentino.

Con permiso de Chávez y de Kirchner, el cocalero Morales se coló en la reunión entre ambos y obtuvo un premio inesperado: el compromiso del gobierno argentino de “apoyar activamente” su proyecto de cara al recambio institucional en Bolivia. Morales fue una de las dos cabezas visibles de la protesta social que en octubre, llevó a Gonzalo Sánchez de Lozada a dejar el gobierno, después ordenar la masacre de más de 80 personas en las calles de La Paz.

“Es un político que representa al 64 por ciento de su país. No es insurreccional, si no que quiere llegar al gobierno por la vía democrática. El Presidente prometió ayudarlo a formar cuadros administrativos y técnicos para su proyecto”, dijo el canciller argentino después de la reunión.

Uno de los objetivos principales de la cumbre que reunió a 20 jefes de Estado era la de dar un respaldo político y económico a la democracia de Bolivia, representada por el todavía débil gobierno de Mesa.

Morales organizó una “cumbre paralela” para alertar sobre las desigualdades sociales en su país. El piquetero argentino D´Elía se encargó de hacerle el puente y con ayuda de la comitiva argentina, llegó hasta Kirchner y acordó presentarle a Morales, en un tiempo muerto, mientras el Presidente esperaba a Hugo Chávez en una oficina del hotel.

Conversaron durante cuarenta minutos y el líder indígena planteó que respetará las normas democráticas. “Represento a la gran mayoría de mi pueblo, que es oprimida por el resto”, se quejó, al relatar los conflictos étnicos, económicos y sociales de un país con casi el 70% de población indígena. Denunció operaciones políticas de la embajada de los Estados Unidos para identificarlo con el narcotráfico.

El presidente Kirchner le recomendó que la “única vía posible” para que su proyecto político sea exitoso es atenerse a las reglas institucionales. Uno de los objetivos del líder boliviano era conocer la política de Kirchner hacia las empresas dadas en concesión, en especial con relación a los hidrocarburos. El eje de sus protestas es el reclamo de recuperar la propiedad de los recursos naturales privatizados. Los tres Kirchner, Chávez y Morales coincidieron en identificar las recetas neoliberales como causantes de la grave crisis en los países de América latina.

Entre esos planes de apoyo, figuró la idea de otorgarle al país una salida al mar.

Argentina, Chile y Brasil propusieron la creación de un corredor, una autopista, una vía férrea, un gasoducto o un puerto que sería controlado por un ente multinacional y permitiría a Bolivia recuperar la puerta al Pacífico pero Perú se opuso y frustró la iniciativa.