JUAN ML. TAVERAS
Se han propuesto varias fórmulas para hacer frente al grave problema representado por los certificados de depósitos del Banco Central entre las cuales destacan, por su factibilidad, la que propone la recapitalización del Banco Central mediante la emisión de bonos de recapitalización a ser emitidos por el Estado Dominicano y la que propone colocar en el mercado internacional una especie de Bonos Soberanos por el monto de los depósitos y a una tasa de interés no mayor del 7% anual, lo cual permitiría que prácticamente con la misma suma que el Banco Central está pagando ahora anualmente para cubrir los intereses de los certificados, se pueda liquidar en pocos años el monto total de los certificados que en la actualidad ronda los 160 mil millones de pesos.

Estas dos fórmulas o cualesquiera otras que puedan implementarse para liquidar este asunto, implicaría, necesariamente, una nueva y traumática reforma fiscal. Es por eso que me he permitido exponer una formula que el Estado tiene a mano y que, con toda seguridad, serviría para redimir, sino todo, al menos el 80% los certificados de depósitos que tienen en jaque al Banco Central de la República, sin lesionar al pueblo dominicano.

Veamos mi propuesta:

Conforme al certificado de título 71-5 que ampara la totalidad de la Parcela 67-B 3ra. Parte del Municipio de Higüey, provincia La Altagracia, el Instituto Agrario Dominicano es dueño de 16,480 hectáreas que le fueron transferidas por el Estado en 1972 dizque para asentar campesinos en tierras de vocación netamente turísticas. El propio Certificado de Título 71-5 establece que el Estado Dominicano es también dueño de 1,255.86 hectáreas y de 894.86 hectáreas más que les fueron compradas a José Antonio Bonilla Atiles el 22/11/76. El Estado controla, pues, 186 millones 310 mil metros cuadrados dentro de una parcela que por estar en Bávaro tiene un precio promedio de 700 pesos el M2. Si el Estado traspasa estas tierras al Banco Central para que éste las venda y use el producto para enfrentar el creciente déficit representado por los cerificados de depósitos que amenaza seriamente la estabilidad monetaria y cambiaria de la nación dominicana, el Banco dispondría de un activo sólido cuyo valor actual ronda los 130 mil millones de pesos o sea del 81% del valor total de las emisiones de certificados hechas hasta ahora.

Con fecha 2 de noviembre del 2005, el Presidente Leonel Fernández, quien conoce perfectamente los mecanismos empleados por los depredadores para apropiarse indebidamente de las tierras del Instituto Agrario Dominicano y del CEA, emitió el decreto 608-05, mediante el cual se creó una comisión de funcionarios para evaluar el uso, vocación y potencial de los terrenos del IAD y del CEA, con el objetivo de traspasar las que nos sirvieran a los fines de esas instituciones, a otras instituciones que, como el Banco Central, pudieran utilizarlas para beneficio del país y no de un grupo de avivatos que se las han ingeniado hasta ahora para robarse el patrimonio público.

Esta comisión hasta ahora no ha hecho nada y ni siquiera se ha reunido.

De los más de 20 millones de metros que pertenecen al Estado Dominicano dentro de la parcela 67-B, tengo en mi poder una certificación del Registrador de Títulos de Higüey que indica que el Estado no ha vendido nunca nada de sus pertenecías allí. Pero el Estado no tiene la posesión de un solo metro porque sus tierras han sido robadas a la vista de todos sin que Bienes Nacionales haya hecho nunca nada por impedirlo. El problema más grave, sin embargo, se tendría con las tierras propiedad del IAD. Lo que ha ocurrido en esa institución con los más de 164 millones de metros que les transfirió el Estado dizque para la reforma agraria en ese mundo de piedras y arreciares que es la parcela 67-B, no tiene madre ni padre. Todos los asentamientos que existen son falsos o ilegales. Un solo señor, funcionando como testaferro de uno de los más célebres y corruptos directores del Instituto Agrario Dominicano, compró dos asentamientos completos con una extensión de 12 millones de metros a solo diez días del IAD haber dizque distribuido las tierras entre supuestos campesinos. Esa operación se ha repetido al menos 20 veces y con esa fórmula, donde siempre está presente la mano amiga de al menos un funcionario corrupto del Instituto Agrario Dominicano, casi todas las tierras del IAD han sido robadas por un grupito de avivatos que se han apropiado ilícitamente de más de 100 mil millones de pesos propiedad del pueblo dominicano, sin que las autoridades hallan hecho el menor esfuerzo por detener esos actos vandálicos en contra de los más sagrados intereses del país.

La operación se hace de esta manera: El Instituto Agrario Dominicano dizque hace un asentamiento en Bávaro, tierras de un alto valor monetario y de vocación netamente turística. Sin ni siquiera emitirse los certificados provisionales a nombre de lo supuestos asentados, éstos venden a un testaferro de algún funcionario del IAD. Dos o tres asentados solicitan al Tribunal de Tierras que debido a que tienen más de 20 años ocupando las tierras que se les acaban de asignar, para lo cual anexan un certificación del encargado de control de asentamiento del IAD, se les emitan los cerificados de títulos definitivos. Inexplicablemente el TST aprueba la operación y peor aun, el registrador de título correspondiente, violando olímpicamente la ley de tierras, emite los certificados de título sin observar el art. de la Ley 1542, que establece que estos cerficados deben llevar una nota clara de que son intransferibles por provenir de asentamientos del IAD. Así de fácil se roban el patrimonio público sin que a nadie parezca importarle.

Lo peor de todo es que estos nuevos “propietarios” de tierras turísticas, ahora con una carta constancia de que son co-dueños de la parcela 67-B, buscan un agrimensor inescrupuloso que se mete en tierras ajenas ya deslindadas y tituladas y practica un deslinde sobre otro deslinde ya existente creando un pandemoniun que ha convertido a la parcela 67-B en la más conflictiva de todas las existentes en el territorio nacional y ha dado razones a las embajadoras de España y Francia para poner en dudas las garantías de las inversiones inmobiliarias en nuestro país.

Todas las leyes agrarias prohíben la venta de las tierras provenientes de la Reforma Agraria, Pero ninguna se cumple. La ley 145 y la ley 391, exponen la fórmula simple en que todas las tierras robadas al IAD pueden volver a su legitimidad. El Instituto Agrario Dominicano tiene ahora un nuevo director que es conocido por su seriedad y verticalidad. Si él recibe apoyo de los grandes y los dominicanos, apoyados en los medios de comunicación que tan gran servicio están haciendo al país, reclamamos que se ponga coto a estos desmanes en contra del interés publico, tal vez el IAD tenga razón de ser pues allí las cosas han llegado tan lejos que el título que ampara la propiedad del IAD en Bávaro, y cuyo valor sobrepasa los 100 mil millones de pesos, se ha desaparecido. Hasta el título se lo robaron. Las grandes quiebras bancarias no le dan por un tobillo a este escándalo que implica un robo directamente al Estado de más de 150 mil millones de pesos.

Estoy a disposición de las autoridades competentes y de la comisión creada mediante el decreto 608-05 para probar mi aseveración y ayudar honoríficamente en lo que sea necesario.