La millonada que pierden anualmente nuestros países por las artimañas económico – financieras en que incurren empresas e instituciones financieras en fragrante convivencia con paraísos fiscales, entendiéndose como tales aquellos lugares adonde fluyen cientos de miles de millones de dólares con fines de evasión de impuestos y lavado de activos. Todos ellos en territorio de, o bajo jurisdicciones políticas, de grandes potencias. Ello quedó evidenciado y bien sustentado en un informe presentado hace unos días por la organización con sede en Washington, Global Financial Integrity – GFI -. En el estudio se puede apreciar cómo entre 2002 y 2011 escaparon de América Latina y el Caribe más de un millón de millones – 1,130 712 millones -.

Estas estimaciones son, en definitiva, muy conservadoras. Las cifras reales deben ser sustancialmente superiores toda vez que los investigadores encuentran múltiples mecanismos de encubrimiento que hacen difícil su tarea. El secreto bancario es uno de los grandes mantos protectores con que chocan los especialistas en perseguir evasión de impuestos. Según los expertos alrededor del 80% de los flujos ilícitos provienen de subterfugios transaccionales para evadir impuestos y el otro 20% es de operaciones del crimen organizado, principalmente del narcotráfico. Cantidades importantes son producto de la corrupción administrativa.

Se han elaborado mecanismos bien sofisticados para hacer desaparecer dinero: transferencias electrónicas no registradas; falsificación de facturas con manipulación de precios de transferencia – comprobable cuando se comparan las exportaciones informadas con lo que realmente se importó en el destino -; supuestamente endeudarse con una filial registrada en un paraíso fiscal deduciendo intereses con lo que deprimir sus niveles reales de ganancias y pagar menos impuestos. Entre otras ingeniosidades están la falsificación de documentos, los pagos en efectivo y hasta el uso de monedas virtuales como el Bitcoin. No pocas veces el mecanismo es mas sencillo y detectable, si se quiere: una empresa “vende” a su subsidiaria en un paraíso fiscal muy por debajo del precio internacional y esta entonces “entrega” al precio de mercado real. La diferencia entre un precio y otro se queda en el “paraíso” sin control y libre de impuestos. De acuerdo con la Organización Mundial de Comercio – OMC – el 60% del comercio internacional se efectúa entre empresas asociadas o relacionadas lo que explica cómo hasta un 80% del movimiento financiero ilegal es producto de precios de transferencia.

Recientemente un periodista del Wall Street Journal, Glenn Simpsons, advertía que una de las grandes oportunidades que los “lavadores” aprovechan es la compra de bonos soberanos con lo que lavan recursos de los paraísos fiscales. Tax Justice Network – TJN – asegura que los paraísos fiscales atesoran cerca de 32 billones – millón de millón – de dólares lo cual lo compara con el PIB conjunto de EE.UU. y Japón.

Sin dudas que este drenaje de recursos que se roba a las potencialidades de recaudación de los gobiernos limitando sus posibilidades presupuestarias representa una gran amenaza a la estabilidad social y la gobernabilidad.