JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Una fuente anónima me hizo llegar esta semana copia de otra nómina que se paga con dinero de los contribuyentes, del que no alcanza para satisfacer las necesidades de educación, salud, alcantarillados sanitarios y caminos vecinales. Ésta corresponde al Instituto Agrario Dominicano (IAD) y comprende 1,209 personas que en su mayoría tienen asignaciones mensuales de 15 mil pesos, el resto entre esa cifra y 25 mil pesos.

La copia en mi poder corresponde al 2006, el concepto indica “Nómina pago Inspectores”, el monto total por mes es de 18 millones 355 mil pesos, lo que multiplicado por 13 implica una erogación anual de 238 millones 615 mil pesos. En su mayoría son hombres y de todas las edades, incluyendo uno de 93 años. El número de cédula que aparece junto a su nombre en la nómina permite entrar al registro civil o padrón electoral. En la columna correspondiente a seguridad social todos aparecen con el mínimo  descuento de 387 pesos, para una acumulación mensual de 473 mil 559. Pero en la  referente al pago de la empresa todos los renglones están en cero, al igual que el total.

Un primer vistazo arrojó como sospecha que el IAD no está reportando esos descuentos a la Tesorería de la Seguridad Social y, desde luego, tampoco hace el aporte que le corresponde. Eso lo pudimos comprobar con una muestra de “empleados” de diversos municipios, cruzados con los registros electrónicos de la seguridad social. La tercera parte no ha estado asegurada, y de la mayoría que sí aparece ninguno tiene como empleador al Instituto Agrario. Casi todos están registrados como empleados de las secretarías de Obras Públicas y Agricultura por algún pago, la mayoría en años anteriores, una minoría en el 2008. Casi todos tienen salarios similares a los de la “Nómina Pago Inspectores”.

Esos hallazgos pueden significar que el IAD no asegura a sus empleados, aunque les hace el descuento mínimo, que esas mil 209 personas no trabajan, sino que cobran allí, que aquello es una simple asignación, o que son nombres para sacar una suma mensual y destinarla a otras personas o fines. El que alguna vez cotizaran en Obras Públicas o Agricultura ratifica que se trata de gente con vocación para la nómina estatal. 

Desde luego que el IAD no necesita 1,209 inspectores y menos con el 65 por ciento, casi 800, residentes en el Distrito Nacional donde no hay ningún proyecto agrario. Como los tres primeros números de la cédula indican el municipio, resultó fácil su ubicación geográfica. El 10 por ciento es de La Vega, donde sí hay algunos proyectos de parceleros agrícolas. Un tres por ciento de Salcedo, y dos por ciento de Santiago y Moca, respectivamente. El restante 18 por ciento se distribuye entre otra veintena de municipios.

Llama la atención la concentración urbana de estos “inspectores”, y que apenas aparezcan algunos en los municipios del Bajo Yuna, Azua, Monseñor Nouel y la línea noroeste, donde se concentran los mayores proyectos agrarios. Aunque ni aún en ellos hay algo que no puedan inspeccionar los gerentes, subgerentes, asistentes y los agrónomos, que tienen asignados.

Estamos ante otra “nominilla” que es como se ha designado los multimillonarios pagos estatales a dirigentes y simpatizantes políticos. No la confundan con la “Nómina CB” que, ascendente a 143 millones 120 mil pesos al mes, es de asignaciones más modestas, de sólo tres y cuatro mil pesos mensuales. Aquellos son 42 mil 434 presidentes de comités de base del partido gobernante. La nominilla IAD podría ser la que alguna vez me prometiera un dirigente del PLD como correspondiente a los comités intermedios.

Pedro P. Yermenos, quien el año pasado renunció avergonzado a su militancia peledeísta, dio cuenta de la amplitud de los pagos a los dirigentes del partido en su columna de El Nacional del 18 de marzo pasado. El escrito se tituló “Estuve en la nominilla”, aunque el autor dio cuenta que rechazó “aquella ignominia”.

No se trata de simple pago a empleados, que de esos el Estado tiene 500 mil, es de financiar a los dirigentes políticos, lo que en cualquier democracia de mínima intensidad se cataloga como corrupción y se sanciona. Es verdad, como dijo esta semana el presidente Leonel Fernández que la corrupción brota por todas partes, y él mismo recordó que hasta en el Banco Mundial. Pero se le olvidó decir que en muchos lugares se le combate y condena. El presidente de esa institución, Paul Wolfowitz, hubo de renunciar hace justamente un año sólo porque se sospechó que había ejercido influencia para que a una novia le aumentaran el sueldo.

Aquí sobran discursos, promesas, leyes y organismos anti-corrupción, pero en vez de condenarla y sancionarla, la auspiciamos y justificamos.