Inicia la cuenta regresiva para la celebración mañana domingo de las elecciones presidenciales y congresuales 2024, cuyo árbitro es la Junta Central Electoral (JCE), presidida por Román Jáquez Liranzo e integrada, además, por cuatro miembros titulares.

Completan el Pleno escogido por el Senado, el 4 de noviembre de 2020 y juramentado el día 11 de ese mismo mes y año por un período de cuatro años: Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Chami Isa.

De acuerdo a la Constitución, en su artículo 212, la JCE es el organismo autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, encargado de organizar y dirigir los procesos de elecciones, garantizando un ejercicio democrático, transparente y popular de la ciudadanía.

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Experiencia y gerencia

El presidente de la JCE es egresado de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Tiene seis títulos de cuarto nivel, entre ellos, una maestría en Estudios Políticos y Electorales, con doble titulación en la PUCMM y la Universidad de Granada, España.

Posee una experiencia de más de 13 años en asuntos administrativos y contenciosos electorales adquirida en las elecciones de 2008, 2010, 2012 y 2016, a través de la Junta Electoral del Distrito Nacional y del Tribunal Superior Electoral (TSE). Se recuerda que presidía esta alta corte (julio de 2017 hasta noviembre de 2020) al momento de su selección como titular de la JCE.

Dilatado ejercicio

Licenciado en derecho, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de Santiago.

Fue miembro titular de la Junta Central Electoral en los años 1994 al 1998. Se destaca como gremialista al haber ocupado diferentes posiciones en el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD). Fue segundo vicepresidente de la junta directiva nacional en la gestión 1983-1984; primer vicepresidente (1984-1986) y presidente (1987-1988). Ejerció desde el 1975 en su bufete de abogados en la ciudad de Santiago.

Se suma a su dilatado ejercicio la asesoría legal a la Asociación de Industriales de la Región Norte (Airen).

Voto Penitenciario

Abogada, egresada de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao. Cursó una maestría en Estudios Políticos Electorales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Se ha desempeñado como juez de la Corte de Trabajo de San Francisco de Macorís.

Ingresó a la JCE como Oficial del Estado Civil, luego directora de la Oficina Central de Registro Civil y directora nacional de Registro Civil de la JCE desde el 2010 hasta asumir este cargo.

Está a cargo de la coordinación del Voto Penitenciario, establecido en la Ley 113-21 sobre Régimen Penitenciario, que contempla el derecho al voto a quienes no estén condenados irrevocablemente a pena criminal.

Género y accesibilidad

Ingeniera de Sistemas, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec); posee una maestría en Telecomunicaciones de Datos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), con más de 30 años de experiencia. Cursa una maestría en Derecho Electoral y Partidos Políticos de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Coordina las comisiones de Tecnología, Políticas de Igualdad de Género, Mesa de Inclusión, y es miembro de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA). Tiene a su cargo la implementación del Voto Accesible, que en sus diferentes modalidades, busca facilitar la votación a personas en condiciones vulnerables.

Sociedad Civil

Doctor en Derecho, de la Universidad Iberoamericana (UNIBE); con maestría en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales. Director de Chami Isa Oficina de Abogados SRL. Además, dirigió el Departamento Legal de Industrias Nacionales, SA (INCA). Laboró en la Dirección de Cobros Legal del Banco de Reservas (1991-1996).

Desde el 2011, miembro del movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, siendo su coordinador general durante los años 2009 y 2011. Participó en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE); la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y la Cámara Americana de Comercio (Amchamrd), entre otras entidades.