La sociedad dominicana no puede seguir manteniendo el denigrante espectáculo de la pobreza, drama del absurdo escenificado en zonas periféricas rurales y urbanas, el drama cotidiano que cuestiona el humanismo y la sensibilidad social del poder político y económico que lo mira imperturbable.
¿Por qué permanecer impasibles ante esta obra de despojo y vergüenza surgida de egoísmos, ambiciones, injusticias? ¿por qué, si otra realidad es posible?
Es tiempo ya de derribar el muro invisible que rodea el opresivo mundo de los pobres, de borrar en la geografía nacional el bochornoso caserío endeble entre angostos callejones y fétidas cañadas. Transformar su hábitat, desterrando la violencia económica y social que los agobia, eliminando la barrera social que les impide cruzar hacia condiciones mínimas de bienestar.
Revertir esa realidad. Es posible, bastaría un esfuerzo que comprometa a toda la sociedad, aunando voluntad y solidaridad en la firme determinación de construir un país diferente.
¿Qué hacer? Ante nada, debemos plantearnos qué clase de sociedad queremos edificar, qué tipo de ciudadanos forjar, cuál ambiente estamos decididos a conformar para vivir en una auténtica democracia, en un país justo, pacífico, ordenado, sin sobresaltos sangrientos, dolorosos.
Deponer la apatía, empoderarse y conformar una sociedad sobre los cimientos de la institucionalidad. Impulsar un Estado de derecho que promueva mayor equidad en la distribución de la renta a través del empleo, educación salud y seguridad social, múltiples carencias que deben subsanarse desde los primeros años de la infancia.
Crear una nueva ciudadanía con plena consciencia de sus derechos, diseñar reformas políticas y económicas que permitan emprender un desarrollo dinámico que no sea ajeno a las necesidades de toda la población.
Invertir en políticas sociales los recursos sustraídos a los desposeídos con un modelo político y económico, ética y socialmente insostenible, que ha ido acumulando intereses de la agigantada deuda social dominicana.
Políticas sociales. Es preciso redefinir la misión del Estado, sustituir la concepción tradicional de las políticas sociales, convirtiéndolas en el principal instrumento de inclusión, orientarlas a reducir la desigualdad y pobreza estructural, a estrechar la brecha entre ricos y pobres.
No se trata de eliminar los programas de protección social, son necesarios para situaciones vulnerables cuando es temporal y acotada. Sí sería fundamental que la estrategia contra la pobreza se diseñe principalmente con miras a la autogestión de los beneficiarios, a la autonomía al agenciarse su bienestar, y que en esa medida los recursos del gasto público sean dispuestos para otros fines.
El crecimiento económico se vislumbró como la puerta hacia la equidad y el bienestar colectivo, pero durante decenios se ha demostrado que por sí mismo no trae el desarrollo para todos los sectores sociales, que impide la movilidad social ascendente.
Se comprobó, asimismo, que las políticas asistenciales son incapaces de corregir las tendencias adversas a ese crecimiento, y por consiguiente no pueden seguir siendo simples dispositivos de indemnización. Por lo tanto, es preciso una estrategia de desarrollo integral, una inversión social que supere las inclemencias de la vulnerabilidad.

Desarrollo redistributivo. Especialistas recomiendan opciones de desarrollo redistributivo que respondan a los desafíos de equidad y justicia que amerita la sociedad. Reformas estructurales que frenen la extrema desigualdad.
Sugieren establecer fundamentos económicos en donde el mercado no sea el determinante de la actividad humana y vida social, sino que sea instrumental al servicio de las necesidades de la gente.
Hacen énfasis en la institucionalización de la economía, la planificación y coordinación de las acciones económicas, de modo que el sistema goce cierta visión de conjunto y en esa medida sea susceptible de ser conducido en función de los objetivos sociales perseguidos.
Diseñar políticas públicas consistentes y coherentes, que generen sinergias dentro enfoque de desarrollo humano, conduzcan a la ampliación de las capacidades de las personas, al fortalecimiento del Estado de derecho y al aumento de las oportunidades y el bienestar de las personas.
Resaltan la dignidad como valor fundamental al considerar la responsabilidad social del Estado frente a la sociedad, evitando confundir sus funciones sociales con el de beneficencia, puesto que el modelo de filantropía invariablemente conduce a la exclusión social.
Uno de los problemas de los programas de asistencia es que no conciben al receptor del recurso como individuo de capacidades, sino solo de carencias al que tratan de asistir, ayudar, salvar. Esto impacta negativamente en su dignidad, su autorrespeto, autoestima y autoafirmación.
Los diseños institucionales de lucha contra la pobreza deben contemplar la posibilidad de generar confianza en el beneficiario, la sensación de que sus logros los obtiene por sí mismo, con su capacidad y esfuerzo.
Justicia tributaria. El sistema tributario puede convertirse en importante instrumento de justicia y equidad, que cumpla con la función redistributiva del Estado, con un gasto público suficiente y estable para financiar servicios sociales básicos de calidad.
En efecto, procede una reforma que reduzca su impacto negativo en los pobres y tienda a reducir la inequidad social, la pobreza y vulnerabilidad. Garantizar la sostenibilidad y equidad fiscal, un régimen más progresivo, que no se traduzca en nuevos gravámenes para la población.
Diseñar un sistema que grave más la riqueza y la propiedad y menos el consumo y salarios, apunte a una mejor redistribución de la riqueza. Haga posible un comportamiento más dinámico de los ingresos fiscales, aplicando la ley con mayor rigor para fortalecer la capacidad recaudatoria, erradicar la evasión y elusión, eliminar exoneraciones fiscales improcedentes.
Las finanzas públicas son reflejo de un modelo económico y social inequitativo que perpetúa la concentración de poder y las riquezas. En su informe “Justicia fiscal para reducir la desigualdad, Oxfam Internacional recomienda superar desigualdad y exclusión, requiere afrontar la injusticia fiscal en sistemas con estas características:
__ Insuficiencia recaudatoria e insostenibilidad. Regresividad y desequilibrio en las aportaciones de las distintas actividades y agentes económicos, lo que se expresa en una mayor presión impositiva efectiva sobre salarios y consumo que sobre la renta y la riqueza.
__Inefectividad para promover el progreso económico digno y sostenible y la movilidad social ascendente de la mayoría de la población.
Diversos estudios han trazado el camino, ha faltado el compromiso, la voluntad para construir un país diferente.