POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Con la inclusión de otras 408 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el presupuesto nacional para este año el gobierno y el Congreso Nacional violaron la ley 122-05 aprobada hace casi 3 años la cual establece una serie de requisitos para el reconocimiento y el financiamiento estatal de las asociaciones sin fines de lucro.

 La reaparición del financiamiento espurio de entidades «fantasmas» vinculadas a legisladores y funcionarios del gobierno, en un presupuesto aprobado al vapor por un congreso que funciona como sello gomígrafo, se constituyó en el primer escándalo del año, compitiendo con el festival municipal de abusivos incrementos salariales.

 Un proyecto de ley presentado esta semana por 9 diputados y que pretende transferir 162 millones de pesos de los otorgados a las  entidades cuestionadas, en gran proporción del capítulo de gastos de la Presidencia de la República, constituye una ratificación de las denuncias.      

Mal comienzo del año

 Después de un 2007 de tantos naufragios institucionales el 2008 no comenzó con mejores augurios vista la forma en que se aprobó el presupuesto nacional, desconociendo varias leyes que establecen partidas específicas para los municipios, la educación, la justicia y el propio Congreso Nacional. Este año por lo menos se agregó un artículo indicando que esta ley modifica cualquier otra que le sea contraria.

La propia nueva ley de presupuesto, del 2006, también fue burlada en cuanto a los plazos en que ese «instrumento de desarrollo» debe ser aprobado por el Consejo Nacional de Desarrollo y enviado al Congreso Nacional.

La Cámara de Diputados, aprobó de urgencia la ley, sin que sus miembros pudieran siquiera leerla pese a que en la misma sesión su presidente, Julio César Valentín, y otros de sus miembros, denunciaron  que el Poder Ejecutivo y el Senado habían incluido ONG fantasmas vinculadas  para recibir financiamiento estatal.

La reacción del presidente del Senado, Reinaldo Pared, calificando las denuncias como «perversidad, canallada, calumnia e infamia», potenció el escándalo en el que tuvo que intervenir el Comité Político del partido oficial para contenerlo, logrando que Valentín no respondiera los calificativos.

Esta vez no se podía acusar a la oposición de detonar el escándalo, puesto que los presidentes de ambas cámaras son del partido gobernante, y el diputado Radhamés Castro, quien identificó senadores y ONG «fantasmas» milita en el aliado Partido Popular Cristiano. Al igual que Pared los senadores Cristina Lizardo y Charlie Mariotti negaron el cargo, aunque tras especificaciones de nombres éste último admitió luego su padrinazgo de varias, justificándolo en la labor que rinden. Castro llegó a amenazar a Pared con hacer revelaciones que «estremecerían» el edificio del Congreso.

Durante varios días los diputados identificaron numerosos entidades   propiedad de funcionarios gubernamentales, actuales y exlegisladores, así como de personas vinculadas a ellos. El diputado Ángel Acosta sostuvo que «son más de 300 las ONG fantasmas de legisladores, funcionarios del gobierno y allegados al Partido de la Liberación Dominicana que fueron incluidas en el presupuesto por legisladores vagabundos que llegaron a acuerdos de aposento con el gobierno».

El escándalo en el Congreso matizó el comienzo del año compitiendo con el protagonizado por los regidores de San Cristóbal, Santo Domingo Este, Santiago y otros municipios que se auto aprobaron salarios desde 95 hasta 154 mil pesos mensuales, pese a que todo su trabajo es asistir a un promedio de dos reuniones por mes.   

408 nuevas ONG

 La realidad es que en la ley de presupuesto para el 2008 promulgada por el presidente Leonel Fernández aparecen 408 ONG más que en el del año pasado. Eran 487 y ahora suman 895, con un monto asignado de 978 millones 439 mil pesos, que son 294 millones 173   mil pesos más que en el año anterior.

 El mayor crecimiento, de un 250 por ciento, se verificó en las entidades dependientes de la Presidencia de la República, que pasaron de 61 a 218, con lo que se revocó la decisión del año anterior de reducirlas suprimiéndole el financiamiento o traspasándolas a la secretaría relacionada con sus actividades, en acato a la ley sobre instituciones sin fines de lucro aprobada en el 2005. Hasta entonces eran más de 500.

 Aunque también creció el número de las ONG dependientes de las secretarías de otras siete secretarías de Estado, la otra de gran crecimiento fue Salud Pública, donde pasaron de 159 a 277, equivalente al 74 por ciento.

 En los tres presupuestos anteriores las entidades no gubernamentales habían sido reducidas drásticamente, afectando a funcionarios y legisladores del pasado y actuales. Para compensar a los senadores se estableció lo que se ha denominado como «barrilito», un fondo para «inversión social», que oscila entre 420 mil y 900 mil pesos mensuales en proporción a la población de sus respectivas provincias. Para todo el año pasado totalizaba 229.9 millones de pesos.

 La Cámara de Diputados maneja también un fondo para obras sociales de sus miembros, pero éste no tiene asignación fija mensual, sino que se administra en función de solicitudes específicas. 

Proyecto de rectificación

 Para no dejar duda, nueve diputados se apresuraron el lunes 14 a cumplir la promesa que había anunciado su presidente Valentín al denunciar la reaparición de las «ONG fantasmas», presentando un proyecto de ley para sacar 389 de ellas del presupuesto nacional. Fue suscrito por diputados de los tres partidos mayoritarios, e incluye a Radhamés Castro. Los demás son Gilberto Serulle Ramia, Minú Tavarez Mirabal, William Martínez Hernández y Miguel Bejarán Alvarez, del PLD. También   los perredeistas Ilana Newman Hernández y Cristian Paredes, el reformista Enrique Gómez Segura y  Juan de León Contreras de la UDC, aliado al PLD.

 De las ONG que se busca sacar del presupuesto 148 aparecen adscritas a la Secretaría de la Presidencia, 101 a Salud Pública, 40 a Educación, 32 a la Mujer y 68 de otras 9 carteras. Muchas de ellas son desconocidas, pero también hay muchas de real existencia, incluidas algunas que tienen tradición en la prestación de servicios.  

  Aunque las 389 a eliminar son el 95  por ciento de las introducidas este año en el presupuesto, el monto a reducir es de 162 millones 853 mil pesos, equivalente tan solo al 55 por ciento del total que se había aumentado que fue 294 millones 193 mil pesos. Se busca transferir 65 millones de pesos al Poder Judicial, 37.9 millones a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y los restantes 59.8 millones de pesos se distribuirían entre 5 conocidas instituciones que prestan servicios de salud.

 El golpe de efecto de los diputados está dado, pero falta ver cuándo podrán convertir el proyecto en ley, puesto que el Congreso está en receso hasta el 27 de febrero, y luego si lo aprueba también el Senado y si es promulgado por el Ejecutivo. En el mejor de los casos vendría ocurriendo avanzado marzo, cuando estará finalizando el tercer trimestre, lo que implica que pagarían una parte a las «ONG fantasmas».

Violan la ley 122-05

 La inclusión de las 408 ONG adicionales en el presupuesto se hizo en violación de la ley 122-05 «Para la Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro», promulgada por el presidente Fernández en abril del 2005, culminando un proceso de discusiones y consenso entre el sector público y la sociedad civil iniciado en 1992 por la Alianza ONG.

 Esta ley vino a sustituir la ordenanza ejecutiva 520 del 1920 cuando el país estaba ocupado por los Estados Unidos y el Decreto 407 del 200l mediante el cual el presidente Hipólito Mejía creó el Consejo Nacional de Seguimiento a las Asociaciones sin Fines de Lucro que promovió la nueva legislación. El proyecto fue introducido al menos 3 veces al Congreso Nacional después de numerosos consensos. Tomó impulso a partir de 1999 cuando se inició un programa para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, auspiciado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y la agencia británica Oxfam.

 Un Consejo Consultivo integrado por 37 organizaciones de la sociedad civil comprometió a otras 648 entidades sociales que empujaron definitivamente el proyecto de ley partiendo de varias propuestas y del estudio de las legislaciones de 5 naciones.

 El consejo creado por el decreto 407, bajo coordinación del secretario Técnico de la Presidencia y la Oficina Nacional de Planificación, encabezó el consenso final, del que también formaron parte la Procuraduría General, Tesorería Nacional y la Dirección General de Presupuesto.

 La ley crea un Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro, presidido por el secretario Técnico de la Presidencia, ahora secretario de Economía, e incluye a otras 4 entidades gubernamentales y 5 representantes elegidos por las 5 organizaciones sociales. Es el organismo facultado para recomendar la incorporación y el financiamiento de   las ONG, las que previamente tienen que cumplir una serie de requisitos, señalados en su artículo 32, entre ellos presentar un informe sobre su historial, programas, planes operativos, presupuesto para el año, fuentes de financiamiento y estados financieros auditados.

 A casi tres años de la ley se espera la promulgación de un reglamento también consensuado hace tiempo y que está en manos del Poder Ejecutivo, pero la misma es bien específica, tanto en los requisitos mínimos para solicitar incorporación de entidades sin fines de lucro como  para lograr financiamiento.