Tanto o más que una reforma tributaria, nuestro país necesita, en primer orden, fortalecer sus instituciones. Comenzando por las que recaudan los impuestos y terminando por las entidades los gastan. Y por supuesto, pasando por las que los pagan.

El potencial de recaudación que han tenido las pasadas reformas, nunca ha sido explotado siquiera en un 70%. Las razones para ese pobre desempeño son y han sido siempre de orden institucional. Aunque, por supuesto, también ha habido situaciones de pésima estructuración de las tasas, que también facilitan o empujan el contrabando tanto físico como técnico y, por supuesto, la evasión.

Fundamentalmente, las reformas han sido diseñadas y aplicadas como mecanismos de recaudación para el Estado. Y se ha dejado de lado el principio fundamental de desarrollo del sector productivo nacional, incluido el sector comercial.

Así, después de tantas reformas y después de tantos dineros gastados en tecnologías, en expertos nacionales y extranjeros, en estudios de todo tipo; después de épocas de lucha decidida en contra del contrabando y de la evasión en general; de cambios de procedimientos de un lado para otro, terminamos involucionando y, en pocos tiempos, necesitando otras reformas.

Y, entre una y otra, se deja a los sectores productivos y comerciales ante la incertidumbre de esperar la otra reforma. Porque lo que se termina aprobando tiene desfase con la realidad.

[b]Nuestras instituciones son débiles.[/b]

Todos los sabemos. Nos da todos los días en nuestras narices. Y seguimos teorizando, y aprobando nuevas reformas y nuevas Leyes. Que terminan siendo violadas, sin remedio.

Una reforma importante en el año 92. Seguida por varios «ajustes» importantes. Otra reforma en año 2001, que debió ser hecha cuatro años antes. Mal estructurada y atrasada, a la última reforma han seguido varios «parchos».

Por eso, a menos de 3 años de haberse aprobado hay que hacer otra reforma. Hizo falta el FMI para imponer los ajustes que sabíamos, sin genios de por medio, que había que hacer. Porque, el día después de haberse promulgado la última reforma, hubo que violarla. Y no era para más: mal estructurada y atrasada.

El lunes 2 de julio del 2001, la aduana «descubría» que si aplicaba los nuevos aranceles, con el nuevo selectivo, más el nuevo ITBIS, más la comisión de cambio, y los valores reales, el cuadro establecía la prohibición tácita de la mayoría de las líneas importantes de importación.

Vehículos nuevos, por ejemplo, que se vendían en el mercado local para esas fechas en RD$290,000.00 (Toyota Corolla sencillo, Nissan Sentra, entre otros), tendrían que comenzar a pagar cerca de medio millón de pesos, solo de impuestos.

Así que, por supuesto, la aduana debió buscar o volver a otros mecanismo que debieron haberse dejado superados en Ley actual. No podía ser de otra manera. La realidad se impuso y superó el orden institucional.

¿Tiene alguna explicación hacer una Ley a sabiendas de que tendría que ser violada por los mismos estamentos oficiales encargadas de aplicarla?.

A pesar de que este es uno de los países más estudiados y, por supuesto, de los millones de dólares gastados en estudio y análisis, con expertos nacionales e internacionales, en estas materias, seguimos en lo mismo.

Hacer reformas tributarias en los momentos de crisis económicas constituye un verdadero reto. Porque, generalmente, se diseñan o se hacen para cubrir una coyuntura específica y terminan torcidas en breves plazos. La del 2001 no puede ser un mejor ejemplo. No pudo superar siquiera las 24 horas.

Los impuestos que imperan al día de hoy, en pleno 2004, debieron ser los del año 1998. La tasa arancelaria más alta al día de hoy debía ser la del 10%. Y, esa, solo aplicables a los bienes de los capítulos 22, 24, 87, y 91 en adelante, del arancel, salvando aquellos implementos médicos que no puedan fabricarse localmente, del capítulo 94, por ejemplo.

La tasa arancelaria promedio debería no ser mayor del 5%, ya a estas alturas.

Las materias primas, los equipos y bienes de capital, deben tener tasa cero. Y, como un estímulo adicional, tampoco debe aplicarse la Comisión de Cambio, ni el ITBIS.

El Impuesto Selectivo al Consumo debe ser mejor orientado y más fácil de administrar. Aplicar un selectivo al consumo a las bebidas alcohólicas en función del grado de alcohol, no parece ser lo más justo. Pues, lejos de ser entonces un impuesto para el lujo al consumo del producto alcohólico en si mismo, se transforma en un impuesto al alcohol. Y eso parece discriminatorio.

No parece haber equidad con un Whisky importado como, por ejemplo, el Chivas Regal Royal de 25 años de envejecimiento (característica esa que no tiene que ver con el volumen de alcohol, por ejemplo), o como el Johnny Walker Etiqueta Azul, frente a un Ron Brugal Carta Dorada, Barceló Añejo, o Bermúdez Dorado.

Una de las características que debe tener el Impuesto al Consumo es una proporcionalidad justa. Parece estar ausente actualmente.

Se requiere hacer una Reforma pensando en el largo plazo. De modo que el sector productivo, el comercial y consumidor, puedan establecer sus planes sin tantos sobresaltos y sin cambios tan marcadamente seguidos.

Así que vuelvo a lo institucional.

Aduanas e Impuestos internos, principalmente, deben ser instituciones fuertes, transparentes, ágiles.

Para afianzar esas características ambas entidades deben ser, como primer paso, reducidas. El Servicio de aduanas como la DGII, deben ser más pequeñas en el orden burocrático y administrativo en general. Incluido, por supuesto, el personal.

Por más altas o por más bajas que sean las tasas arancelarias, de nada vale si el pago de los impuestos tiene que recorrer un trámite burocrático tortuoso, que pasa por manos inexpertas y muchas veces corruptas.

Se podrán hacer cientos de reformas más. Pero si no se cambia radicalmente la mentalidad de los actores públicos y privados que tienen que ver con el quehacer tributario del país, y si no cambian de raíz las estructuras institucionales vigentes, tanto en la DGII como en la DGA, se seguirá repitiendo la historia.

Abrigo la esperanza de que una nueva reforma tributaria, en los albores de un nuevo milenio y de un nuevo siglo, sea hecha de manera patriótica. Ojalá, que más que pensar en cuántos van a botar por uno o por el otro, se tome en cuenta, por lo menos, quiénes no tienen una comida segura al día, mientras otros tienen dos exoneraciones, mientras otros usan empleados públicos pagados por nosotros para remodelar sus casas privadas, mientras otros, en medio de la crisis, se aumentan sus sueldos de manera fabulosa.

Si la nueva reforma es para que las instituciones que cobran y las instituciones que gastan, permitan que los alimentos bajen a precios justos; para que un hospital público atienda como seres humanos a la población pobre; si es para que el sector productivo y comercial aumenten el empleo; si es para que podamos pagar la deuda interna y externa en que nos hemos metido; si es para darle a los hospitales los más de 400 millones de pesos que ahora se entregan puntualmente a grupos políticos para que hagan afiches y bullas; si es para que los apagones puedan siquiera ser programados; si es para que nuestro aparato productivo pueda ser cada vez más competitivo con el exterior, pues, ¡bienvenida sea la nueva reforma!.

Pero si esa nueva reforma es para que haya más dinero para robar; si es para que haya más dinero para que dos o tres vivos se sigan subiendo sueldos a pesar de que están en el corazón mismo de la crisis; si es para seguirle dando más de 400 millones a partidos políticos (al margen de la zafra que hacen con el sector privado) para que hagan escándalos y nos llenen de afiches; si es para poder seguirle repartiendo exoneraciones a diputados, senadores, síndicos y otros tantos vivos; si es para seguir pagándole a los grandes apellidos y grandes señores del sistema los millones que debieron haber perdido por malos manejos de bancos; si es para seguir pagándole jugosos salarios en dólares a un grupo de vivos en un llamado PARLACEN, que no aporta nada a este pobre país; si es para repartir el botín del estado cada cuatro años entre los que ganaron la conflagración política; si es para poder pagarle a tígueres para que no hagan revueltas y desórdenes (en vez de meterlos presos) pues, ¡no a la reforma!. Dejen eso así. Cuando haga falta dinero que robar o que repartir, que se siga cogiendo prestado hasta que no haya quien pague, quien preste, ni quién cobre.

Sueño con que, esta vez, la Reforma se haga por y para el país.