No se trata de que nos haya “cogido” con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por esa razón no le demos tregua.

En honor a la verdad, ha sido la decisión de esa secretaría de prohibir la extracción de materiales de los ríos lo que nos ha estimulado a remover temas relacionados con las funciones de esta cartera, con la esperanza de que continúe con esa línea de conducta altamente responsable.

Esta vez queremos ocupar su atención en un tipo de contaminación que está provocando grandes daños ecológicos y estructurales, sobre todo en las zonas urbanas.

 Dados, como lamentablemente somos, a lanzar desperdicios por doquier sin prever consecuencias, en este país se desechan los plásticos con un desparpajo que espanta.

Botellas, fundas y otros envases o contenedores hechos de plástico van a parar a las calles, a los drenajes y cloacas y se convierten en un serio problema, pues obstruyen conductos y provocan trastornos inimaginables.

Por otra parte, se trata de materiales no biodegradables o degradables a muy largo plazo. Una botella plástica común podría tardar decenas de años en degradarse en los suelos, pero en ese lapso puede liberar compuestos contaminantes para terrenos y las aguas subterráneas.

Algo parecido ocurre con la basura tecnológica que se genera en el país de manera cada vez más abundante y que contiene compuestos químicos altamente peligrosos para la salud.

En esta materia estamos acumulando un problema bastante serio y sería prudente establecer normas para la disposición final de estos compuestos que van a parar a los suelos y a las aguas subterráneas.

Medio Ambiente, la misma Secretaría que tuvo el valor de parar la depredación de los ríos, tiene en este aspecto otra tarea por realizar.

Hacia un Estado eficiente

Ya hay pruebas y evidencias suficientes como para afirmar que el Estado puede llegar a ser administrado eficientemente en beneficio de la colectividad.

Las evidencias han echado por tierra el viejo criterio de que la administración del Estado tiene que ser mediocre y con fallas.

La eficiencia recaudadora nos permite hacer estas afirmaciones y tomar como evidencia de lo posible a la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

De la eficiencia lograda en estas dos direcciones generales deberían extraerse los principios de un código de normas generales aplicables en todos los ámbitos de la administración pública y los servicios que debe garantizar el Estado.

A partir de la experiencia de la DGA y la DGII ya es imposible pretender justificar la falta de eficiencia que caracteriza a algunos ámbitos de la administración pública.

Ya no hay manera de apoyarse en el argumento de que el Estado es ineficaz por naturaleza.

Quizás sea necesario anotar, como premisa curiosa, un común denominador en la eficiencia lograda por Aduanas e Impuestos Internos.

Ambas direcciones parecen haberse liberado del laborantismo político que hace perder la mística de eficiencia que debe predominar.

La eficacia en el Estado es posible, y de ello hay evidencias.