OTRA VEZ
Reenvían audiencia del litigio en caso Bahía de las Águilas

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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) reenvió para el próximo 4 de marzo la audiencia donde se conoce el litigio entre los «propietarios» de los terrenos aledaños a Bahía de las Águilas y el Estado dominicano.

La audiencia será realizada a las 9:00 de la mañana del día pautado y la medida fue acogida para que los abogados de la defensa conozcan el caso más a fondo.

A la Suprema asistieron distintas personalidades de la vida pública, entre estas, el senador de Peravia Wilton Guerrero, así como los periodistas Huchi Lora, Patricia Solano y Amelia Deschamps.

El tribunal estuvo compuesto por los magistrados Frank Soto, Alejandro Moscoso Segarra, Juan Reyes y Miriam Germán.

Historia. El gobierno dominicano anunció el pasado jueves que reconocerá los cuestionados títulos de propiedad de terrenos en la paradisíaca playa de Bahía de las Águilas, dentro de una reserva ecológica, como primer paso para desarrollar turísticamente al empobrecido suroeste del país.   

“Bahía de las Águilas no va a ser tocada” en los planes de infraestructura turística del suroeste, aclaró en varias ocasiones en conferencia de prensa el ministro de Medio Ambiente, Bautistas Rojas, para responder a las preocupaciones de grupos ecologistas.   

El funcionario aseguró que no serán afectadas por futuros proyectos turísticos no sólo Bahía de las Águilas y sus playas de arenas blancas, 320 kilómetros al Oeste de la capital, sino ninguna de las áreas protegidas de la provincia Pedernales.

Con su decisión de reconocer los títulos de propiedad, el gobierno desiste de un litigio judicial de 16 años en el que aseguraba que esos certificados eran resultado de un fraude cometido en 1995 y 1996 por un exfuncionario que incluso estuvo detenido por el caso y aún espera la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De continuar el juicio para anular los títulos de propiedad de los terrenos en las áreas protegidas de Pedernales, “tendríamos que esperar un largo tiempo y mientras tanto estos recursos del país estarían perdiéndose”, explicó el consultor jurídico de la Presidencia, César Pina.   

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