POR APOLINAR VELOZ
(I de II)
En una sesión ordinaria de la Junta Monetaria (JM) en el Banco Central (BC), alrededor del mes de abril del 2002, a la que asistí en representación del secretario de Finanzas obtuve la primera información sobre lo que luego se conocería como el Gran Fraude del Banco Intercontinental (Baninter) que, en ese momento, era tratado por las autoridades monetarias como un caso más de falta temporal de liquidez.

Al final de esa reunión un miembro de ese organismo (que luego ocupó la Secretaría Técnica de la Presidencia) requirió del presidente de la JM explicaciones sobre los rumores que circulaban sobre los problemas de un banco dominicano. Específicamente, preguntó, si podría tener información sobre el tema durante la próxima reunión de ese organismo regulador. La respuesta del presidente de la JM, el gobernador del BC, fue inocua y con poco sentido de la gravedad del problema.

Sin duda que para la JM el tema era de capital importancia, a tal grado que (al momento de producirse los comentarios a los que hago alusión) nadie había abandonado el salón de la JM, mientras que otro miembro de la JM, respondiendo a la inquietud planteada, afirmó que ese tema no podía ventilarse porque ese no era el lugar ni el momento para conocer de los problemas bancarios. Quien trajo el tema a colación argumentó que si ese no era el lugar para tratar los problemas de los bancos, ¿cuál era, entonces, el organismo para dirimirlos? No obstante, y a pesar de la extrema importancia del tema, la sesión de la JM terminó.

Existen documentos en el Banco Central que demuestran que las dificultades de Baninter se venían discutiendo en su departamento financiero desde hacía tiempo, sin que se le informara una sola palabra al pleno de la JM. Sin embargo, algunos miembros de ese organismo conocían al dedillo el contenido de los análisis técnicos del BC, los cuales hacían referencia a diversos escenarios de disolución bancaria, uno de los cuales incluía al Banco de Reservas, así como la venta de activos para reducir el tamaño del banco, a fin de que éste continuara operando bajo el mandato de sus dueños. En ninguno de los escenarios discutidos en el departamento financiero durante el período comprendido entre finales del 2001 y 2002 se hizo alusión a las violaciones de la ley monetaria cometidas por los directores de Baninter, como la descapitalización, la violación a la ley por el exceso de préstamos a partes vinculadas, la violación del encaje legal y el exceso de préstamos en el mercado de dinero interbancario. Tampoco se mencionó el incumplimiento por la insuficiencia en la constitución de provisiones para enfrentar el deterioro de su cartera de préstamos, entre otras. A pesar de estas violaciones a la legislación financiera vigente en ese momento, la autoridad monetaria y financiera no exigió a los administradores de Baninter la presentación de un plan de contingencia para recuperar la pérdida de valor de su cartera de préstamos ni mucho menos los sancionó. Por el contrario, realizaban esfuerzos y negociaron soluciones a espaldas de la JM.

Como se ve, el deterioro financiero de Baninter era conocido detalladamente por los principales funcionarios del BC, probablemente desde antes de 1997, como también la situación del resto del sistema bancario nacional. En efecto, en 1997 y 1999, a requerimiento del propio BC, se contrataron los servicios profesionales de Aristóbulo de Juan para evaluar el desempeño del sistema bancario. Posteriormente, en el 2001, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) fueron más lejos y evaluaron el sistema financiero dominicano. Ambos estudios advertían de los serios peligros que amenazaban al sistema financiero. El BC, particularmente el departamento financiero, no estuvo de acuerdo con las conclusiones (al menos las que se desprendieron del estudio del BM-FMI), tal y como se establece en un documento elaborado por ese departamento, que contradecía los hallazgos fundamentales de la misión conjunta de esos organismos internacionales. Poco tiempo después se da a conocer el mayor fraude financiero de la historia de la banca dominicana, a pesar de las advertencias de los expertos y del conocimiento de las autoridades monetarias. Este fraude bancario fue el resultado de las decisiones conscientes de sus dueños, y no una consecuencia de políticas macroeconómicas inconsistentes, como algunos sociólogos argumentan.

La solución aplicada por el BC al fraude de Baninter fue enjuiciada recientemente por varios economistas en el Encuentro Económico del Periódico HOY, quienes la criticaron fundamentándose en las consecuencias negativas que tuvo sobre la población dominicana. Este grupo de economistas estuvo compuesto por aquellos que observaron desde sus oficinas el proceso de liquidación y por otros que recomendaron políticas económicas fundamentales para solucionar el asombroso fraude bancario, las cuales terminaron empeorando la situación económica del país. No haré referencia a las opiniones del primer grupo de economistas, pero sí me gustaría opinar sobre las recomendaciones de quien desempeñó un papel estelar durante el proceso de disolución de Baninter que provocó otras quiebras en el sector bancario.

Cuando se anuncia al país el desfalco en Baninter no se encontraba en el país una misión del FMI. El gobernador del BC propuso, en una sesión de la JM, solicitar la cooperación de ese organismo internacional, dada la experiencia institucional acumulada durante su participación en distintas crisis financieras en el mundo. A la semana siguiente teníamos en el país dos expertos financieros. Esta misión evaluó los estados financieros de Baninter y determinó el tamaño de su agujero financiero. El asesor externo del gobierno (AEG), conjuntamente con personal del departamento financiero del BC, realizó otros esfuerzos de medición, llegando sólo a documentar activos y pasivos en esa entidad bancaria por un valor sustancialmente inferior a las estimaciones del equipo del FMI, las cuales resultaron más cercanas al monto del fraude.

En este sentido, el equipo financiero del FMI propuso cerrar al público los servicios de Baninter (haciendo hincapié en la devolución de todos los depósitos legítimos), tomando el tiempo necesario para determinar la forma más adecuada de disolverlo. Este cierre permitiría evaluar, con mayor detenimiento y ordenadamente, la veracidad de los depósitos, el valor de mercado de la cartera de préstamos y las inversiones hechas por dicho banco comercial, así como aquellas realizadas por terceros en ese banco. A partir de ese momento, se podría determinar cómo se les pagaría a los clientes, empleados, accionistas e inversionistas de la entidad de acuerdo a lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera 182-03 en el marco de un proceso de disolución bancaria.

Se produjeron reuniones privadas en el BC con la participación del AEG y un grupo de profesionales sugeridos por éste (y a las que el resto de los principales ejecutivos del BC no tuvo acceso), en las cuales se decidió la suerte de Baninter. A principios de abril del 2003, luego del anuncio del fraude, se discutía en una reunión el contenido de un comunicado redactado por el AEG y que el BC publicó en los diarios, anunciando al país que el banco continuaría abierto y realizando todos los negocios acostumbrados con sus clientes. Esta decisión causó sorpresas entre técnicos del BC, porque se pensó que el BC se fundamentaría en los criterios técnicos expuestos en la JM por el FMI, el cual explicó ampliamente sus recomendaciones.

A partir de ese momento el AEG, con algunas economistas del BC, no solamente se dedicaron a la recuperación de valores del fraudulentamente quebrado Baninter, sino que también concentraron ingentes esfuerzos en la estructuración de transacciones financieras para pagar con los recursos del BC deudas de esa entidad financiera con bancos corresponsales del exterior. Uno de esos pagos excedió el monto adeudado por el Baninter y luego de investigaciones realizadas por las autoridades americanas en entidades financieras relacionadas con Baninter, el BC recuperó aproximadamente US$5.0 millones. Era indudable que la disolución que el AEG puso en marcha aumentaría el monto de los agregados monetarios, lo que desataría un proceso inflacionario cuya magnitud dependería no solamente de la eficacia de los instrumentos de política monetaria (seriamente limitados por el estado de pánico bancario) así como del manejo cuidadoso de las entidades bancarias que se debilitaron por efecto del fraude en Baninter. Mientras todo esto acontecía, el BC procedió conjuntamente con la Superintendencia de Bancos (SIB) a pagar en efectivo a los depositantes del Baninter. Esta fue una consecuencia directa de dejar un banco descapitalizado abierto al público así como de la puesta en marcha de un proceso de disolución bancaria desorganizado, tal como propuso el AEG.