POR APOLINAR VELOZ
(II de II)
Tal y como se desprende del artículo anterior, la crisis financiera sistémica se evitó, pero se tomaron decisiones que desafortunadamente condujeron a la quiebra de otros bancos que presentaban condiciones fraudulentas similares a la de Baninter. En efecto, ésta no fue la única institución que quebró; también quebraron el Banco Nacional de Crédito (Bancrédito) y el Banco Mercantil.

Estas dos instituciones, debilitadas por el retiro de depósitos provocado por el caso Baninter y caracterizadas por las mismas prácticas fraudulentas, se precipitaron a un proceso acelerado de quiebra por la propuesta del AEG. Si bien esos bancos quebrarían, no menos cierto es que al precipitarse su quiebra no dio tiempo a una solución más ordenada.

Luego que se decidiera pagar en efectivo a los depositantes de Baninter se incrementó ?como era de esperarse? la emisión monetaria, presionando al alza los precios internos y ejerciendo presiones en el mercado cambiario. Para evitar estas consecuencias era necesario controlar la liquidez del sistema bancario, que había aumentado considerablemente por el tipo de rescate puesto en marcha. En este marco macroeconómico, los AEG propusieron a la JM el incremento de un encaje legal marginal de 10% que, dada la estructura del mantenimiento del encaje legal, el incremento sería efectivamente de un 15% (porque exigió que todos los recursos del encaje legal se depositaran en el BC) y los bancos terminarían con un encaje legal de un 35%. 

Para estos fines se convocó a la JM a una sesión extraordinaria en la que los técnicos del BC nos enfrentamos a la propuesta del AEG, justo en el momento en que al menos seis instituciones bancarias presentaban deficiencias de encaje. Además, el cálculo del AEG no consideró el dinero en circulación sino la emisión total. Dicha propuesta era totalmente ilógica, justamente cuando el equipo técnico del BC  sostenía conversaciones con una de estas dos entidades para someterla a un plan de contingencia, tal y como señala la Ley, y ya la SIB había nombrado un supervisor de las operaciones de ese banco. Una semana más tarde, luego de la aplicación de esa medida, esas dos instituciones bancarias se vieron imposibilitadas de devolver dinero a sus depositantes e inversionistas, dado el efecto negativo que tuvo sobre ellas el aumento del encaje legal propuesto por el AEG y aprobado por la JM y los efectos negativos de Baninter, de manera que el BC cumpliendo con la Ley intervino ambas instituciones.  

Esta recomendación del aumento del encaje legal, sin lugar a dudas, provocó el retraso de la firma del acuerdo Stand-by con el FMI, a punto de concretarse y que garantizaría la credibilidad en las políticas públicas. Como era de esperarse, el FMI exigió la identificación de nuevas fuentes de ingresos públicos para respaldar la intervención del BC en estas dos nuevas resoluciones bancarias, es decir más impuestos para la población y los negocios. En otras palabras, a los RD$71,900 millones de Baninter hubo que agregar RD$23,500 millones de Bancrédito y RD$6,000 millones del Mercantil, más  RD$2,600 millones que recibió esta última entidad en diciembre del 2004, para un total de RD$104,000 millones.

Durante la siguiente reunión de la JM, luego de la puesta en marcha de las recomendaciones de política monetaria del AEG, la mayoría de sus miembros reconoció que la propuesta del equipo técnico del BC era la correcta, pero ya el daño se había consumado. 

Posteriormente se inició el proceso de la disolución de Baninter, es decir vender sus activos y pasivos. El AEG fue asignado inicialmente como responsable de las negociaciones con el potencial comprador canadiense.  La primera oferta que se discutió fue la de comprar parte del banco, que incluyó varias sucursales, con la promesa de determinar el valor de la cartera para su posible compra por un monto de US$25.0 millones. Esta propuesta no fue bien vista por el FMI. Afortunadamente, el AEG fue requerido para participar en una reunión del sector eléctrico en Estados Unidos, y el acuerdo de venta que se logró posteriormente con los compradores de Baninter resultó más ventajoso que la propuesta inicial.

Luego de la reunión que sostuvo el AEG en Estados Unidos, éste convenció a las autoridades dominicanas, en especial al secretario de finanzas, de la conveniencia de la compra de las empresas de distribución de electricidad (EDES). No importaron las implicaciones que este nuevo aumento de la deuda pública externa, súbitamente inflada por el salvamento bancario, tendría con las negociaciones con el FMI. Tampoco se percataron que colocaban al gobierno en una difícil situación, dada la asignación de todos los recursos del presupuesto, según constaba en las negociaciones del acuerdo con el FMI. De manera, que colocaron al gobierno frente otra reforma tributaria que respaldara la controversial propuesta de los “neoliberales” que asesoraron al gobierno para re-adquirir las EDES, a pesar de que habían defendido la privatización con el argumento de que el Estado es un mal administrador.

Frente a la nueva situación de insuficiencia de ingresos públicos, el AEG preparó un conjunto de propuestas para incrementar los ingresos públicos, las cuales partían de bases de cálculo erróneas. De hecho, los técnicos del FMI conjuntamente con los del BC argumentaron que los recursos provenientes de las fuentes propuestas no generarían los ingresos que había calculado el AEG. El resultado de la venta de las EDES no se hizo esperar, retrasó el acuerdo con el FMI. No obstante, algunos funcionarios de la administración 2000-04 así como el AEG se mostraron satisfechos por la “nacionalización” de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, cuya compra se llevó a cabo a pesar de los estados financieros de esas empresas. En fin dañaron sustancialmente las negociaciones con el FMI, cuya misión se marchó del país, deteniendo el acuerdo. A partir de ese momento la confianza de la población dominicana en las políticas públicas se redujo drásticamente; sin embargo el AEG continuó vinculado estrechamente al gobierno.

La disolución de Baninter, por su carácter sistémico, tendría sin dudas efectos negativos (más grandes o más pequeños) sobre todos los dominicanos, mediante la mayor o la menor utilización de los fondos públicos, pues se trataba de un fraude que desapareció dinero del público y que los dueños del banco no estaban dispuestos a reponer. No había manera de que no afectara a todos los dominicanos, porque aún el caso de que el gobierno, el BC y la justicia dominicana se propusieran a incautar todos los bienes y cuentas pertenecientes a los responsables de la enajenación de fondos de terceros depositados, no era seguro que la recuperación de esos fondos igualaría el monto distraído en esa institución bancaria. De manera que el gobierno se vio en la imperiosa necesidad de reponer los depósitos a fin de evitar males mayores, aunque los daños pudieron haber sido menores.

La decisión de mantener Baninter abierto al público mientras se liquidaba fue un grave error, de la misma manera que la re-estatización de las EDES, que los condujo a realizar estimaciones de ingresos públicos sin apego a elementales criterios técnicos y, finalmente, pero más grave aún resulta el hecho de no tener en cuenta las consecuencias que un incremento del endeudamiento público tiene durante la discusión de un acuerdo con el FMI. Tampoco este asesor externo del gobierno tuvo la más elemental idea del impacto negativo que causó el incremento del encaje legal en un ambiente de importantes retiros de depósitos en un sistema financiero seriamente afectado por tres quiebras bancarias.

La administración 1996-2000 tuvo el mismo AEG que se encargó de defender su desempeño económico, el elevado crecimiento, la baja inflación, la reducción del desempleo, así como el espectacular descenso de los niveles de pobreza dominicana. Ahora, este mismo asesor cuestiona las mismas estadísticas que ayer defendió fervientemente para fundamentar el desarrollo económico alcanzado. Fueron los responsables de caracterizar la  Segunda Ola del desarrollo económico dominicano, por llamarlo de alguna forma.

A pesar del supuesto buen desempeño del primer mandato del presidente Leonel Fernández y la dedicación plena del AEG a la proposición de políticas económicas para un segundo mandato, el candidato del partido oficial perdió las elecciones. No tuvo ningún valor el hecho de retorcer y estirar las cifras del BC; las hicieron más inconsistentes, a tal grado que era fácil comprender que se trataba de otro engaño.

Los cuestionamientos sobre la veracidad de las cifras relativas al desempeño macroeconómico pone de relieve la falta de una posición técnica o doctrinal y conduce a una posición profesional apócrifa altamente maleable.