JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) acaba de hacer otro importante aporte al mejoramiento de la gestión del Estado y el combate a la corrupción con la publicación de su primer Indice de Transparencia Nacional de las Entidades Públicas, presentado esta semana ante un nutrido y variado público.

Se trata de una metodología para evaluar la transparencia y coherencia institucional de los organismos públicos que ya en otros países ha contribuido a mejorar la gestión estatal. Los reconocidos investigadores sociales José Oviedo, Ramonina Brea e Isis Duarte tuvieron a su cargo el trabajo de campo y la evaluación, con el referente del Indice de Transparencia de Colombia, adaptado a la realidad dominicana.

Esta primera evaluación nacional abarcó siete de las principales secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República. El propósito sería ir ampliándolo cada año a un mayor número de instituciones estatales, acorde con la disponibilidad de recursos para realizar el minucioso trabajo investigativo que incluye comprobación sobre el terreno de la disponibilidad de las informaciones y documentos que integran la transparencia operacional.

En el informe de PC se explica que el Indice de Transparencia Nacional (ITN) «constituye una herramienta fundamental para el monitoreo y mejoramiento de las condiciones institucionales de transparencia y la consecuente disminución de los riesgos de corrupción». Mide la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la información, de los parámetros institucionales puestos en práctica por las entidades públicas y de la aplicación de medidas coercitivas para las conductas contrarias a las normas-ético jurídicas establecidas.

La metodología pondera 123 aspectos agrupados en tres grandes capítulos, referentes a visibilidad y rendición de cuentas, institucionalidad y eficiencia, e investigación y sanción. El primero abarca publicitación, rendición de informes y capacidad de acceso de la ciudadanía a información institucional relevante, fidedigna y actualizada. Incluye, entre otros, si tiene página en Internet, sistema de atención a quejas y reclamos y publicación de contrataciones.

Institucionalidad y eficiencia incluye la puesta en práctica de normas, procedimientos y controles reconocidos y precisos para limitar la discrecionalidad de los funcionarios, empleados, políticos y particulares en el ejercicio de la función pública, así como desarrollo de medios claros para lograr la misión y objetivos institucionales de manera efectiva y equitativa. Incluye la existencia y cumplimiento de reglamentos, evaluación de desempeño, y declaración jurada de bienes, entre otros.

El tercer capítulo se refiere a la identificación, investigación y sanción oportuna y efectiva de hechos constitutivos de falta de los servidores públicos por parte de los organismos de control interno y externo. Abarca, entre otros aspectos, si ha habido investigación y sanción de faltas y sanciones de control interno disciplinario.

El esfuerzo parte del criterio de que la articulación efectiva de todos los aspectos de estos tres capítulos incrementa la transparencia y reduce los riesgos de corrupción.

Llama la atención las grandes diferencias registradas entre las 8 instituciones estatales medidas en este primer ITN. La Procuraduría General encabeza la mejor puntuación con un 78 por ciento, seguida de la Secretaría de Obras Públicas, que alcanza 66 por ciento. Las secretarías de Trabajo y Educación logran acercarse a la aprobación con 48 y 46 por ciento respectivamente.

Las otras cuatro secretarías consiguen promedios de clara reprobación: Medio Ambiente y Salud Pública con 35 por ciento, en tanto que Relaciones Exteriores y Agricultura quedan en la oscuridad de apenas 20 y 12 por ciento.

Pero como se trata de la primera evaluación, y dado que la ley de Libre Acceso a la Información Pública solo tiene tres años de promulgada, y que la ley de Compras y Contrataciones data del año pasado, puede entenderse el bajo ITN alcanzado por la mayoría de los organismos públicos evaluados.

El mantenimiento anual del Indice de Transparencia Nacional debe operar como incentivo al mejoramiento de la calidad de la administración pública, a la rendición de cuentas y a la reducción de los márgenes de corrupción. Ojalá que Participación Ciudadana pueda seguir reuniendo recursos para aportes como estos. Esta primera evaluación fue financiada con recursos de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. ¿ Se animará alguna institución nacional a auspiciar las próximas?.