[b]Señor director:[/b]

En el proyecto de urbanización de Los Prados, como en todo conjunto habitacional moderno, se reservaron tres (3) grandes áreas para alojar igual número de instalaciones en beneficio de esa laboriosa y pujante comunidad. La iglesia, la escuela y un parque y Centro Cívico.

Las áreas para las dos primeras obras fueron respetadas y hace muchos años que funcionan exitosamente, pero no así la destinada a la tercera instalación aunque fue respetada hasta el año 1998, cuando ocurrió algo insólito que merece párrafo aparte.

En efecto, en el 1995, en BNV, propietario de esa área, dictó la Resolución 58-95 autorizando al Ing. Héctor W. Marchena (cito): a «tomar posesión de esos terrenos para los fines de construir el centro cívico» para la urbanización Los Prados y sus alrededores el cual agruparía en sus áreas todo lo relativo a promover la cultura, así como también a dotar de servicios a dicha comunidad. Dicho centro está diseñado con el frente para la calle Charles Summer, consta de dos plantas y tiene varias áreas como son biblioteca para niñas, jóvenes y adultos; salón multiusos para conferencias o cualquier otra actividad de la comunidad. Museo, conservatorio de música. Estafeta de correo, clínica, guardería y en la planta lata tiene una zona para enseñar a coser a personas de escasos recursos etc., pero lo más interesante de todo es que todos los servicios van a ser gratis» (termina la cita de dicha resolución).

¿Y que está ocurriendo ahora? Pues que la misma institución, o sea el BNV, desconociendo u olvidándose olímpicamente de esa resolución tan justamente ponderada por tratarse de fines tan altruistas, así como de su compromiso, vendió dichos terrenos al Instituto de Medicina Popular. S. A. en fecha 7 de diciembre de 1998, estando en vigencia la mencionada resolución 58-95, con la particularidad de que se «reservó el derecho de acreedor con el privilegio de vendedor no pagado», dándose el hecho insólito e increíble de que fue un año después de dicha venta, cuando advirtiendo su metida de pata emitió otra resolución el 7 de diciembre 1999 revocando y dejando sin efecto la 58/95; no obstante el ingeniero De Marchen haber iniciado la construcción del mencionado Centro Cívico «Los Prados», acción con la que perjudicó a los habitantes de Los Prados, al ingeniero de Marchena y al gobierno dominicano que había pagado la suma de RD$2,574,237.77 en cubicaciones.

El caso fue llevado a la justicia en donde la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó sentencia en fecha 26 de enero del año 2001, condenando al BNV a resarcir al ingeniero Marchena con RD$5,000,000.00 por los daños y perjuicios causados a consecuencia de dicha acción.

Gracias a este dislate del BNV, la compañía adquiriente del inmueble está procediendo a la construcción de un centro médico en dicha área.

Todo parece indicar, que a la luz del derecho y del medio ambiente, se trata de una situación anómala que de concretarse perjudicaría notablemente, a la laboriosa y progresista comunidad de Los Prados, al gobierno dominicano y al propio ingeniero de Marchena y que debe ser ponderada y resuelta cuanto antes para evitar la continuación de dicha obra así como males peores porque los moradores de esta urbanización no están dispuestos a permitir tal atropello.

Porque no es posible que por el afán de lucro y por irrespeto a los compromisos contractuales se haya llegado tan lejos en nuestro país que un sueño acariciado por tanta gente buena durante 40 años se vea frustrado.

Atentamente,

Roque Napoleón Muñoz