Las revelaciones de la auditoría de la Cámara de Cuentas a la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) constituyen otro grave desafío a la Procuraduría General de la República (PGR) y al imperio de la impunidad que reina en el país, relevantemente en la administración pública.
La magnitud de las irregularidades explican por qué la mafia que operaba en esa entidad estatal apeló al secuestro y asesinato en octubre pasado del jurista Juniol Ramírez, presidente de la Convergencia Nacional de Abogados, quien reclamaba información sobre irregularidades amparado en la ley de libre acceso a la información pública, y al que después de su vil muerte se le ha presentado como un extorsionador.
Debe recordarse que este no es el primer expediente de graves irregularidades a las que la PGR no ha dado respuesta satisfactoria. Ni hablar del escándalo de corrupción de Odebrecht, que ha sobrepasado con mucho la capacidad, independencia e idoneidad del ministerio público para dar una respuesta aceptable.
El caso de la OMSA involucra no solamente la malversación de los dineros públicos, sino también la operación de una asociación de malhechores, similar y con resultados tan trágicos como las que produjeron un dramático suicidio en la misma Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y tres muertes en San Pedro de Macorís por cuenta del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Lo de la mafia extorsionadora de la OISOE, develada con el suicidio del arquitecto David Rodríguez en el 2015, se saldó el año pasado con cuatro condenas a 5 y 6 años de prisión a subalternos de los responsables de ese organismo, excluidos del expediente por obvias razones políticas. La muerte de los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina, por José Rodríguez, en febrero del 2017, todavía espera un proceso judicial.
Vale recordar que el matador José Rodríguez, actuó desesperado y con pérdida de la razón, tras meses reclamando que los ejecutivos del CEA le entregaran los terrenos por los que había pagado 600 mil pesos, y que a su vez fue muerto, se dice que ejecutado para que no hablara, por tropas policiales. Una comisión investigadora, encabezada por el consultor jurídico de la presidencia, Flavio Darío Espinal, estableció que Rodríguez había sido víctima de la mafia depredadora de las tierras del CEA. Ese expediente, como el de la venta a precio de vaca muerta del barrio Los Tres Brazos por la CORDE, también documentado por Espinal, todavía espera la acción del ministerio público.
En la OMSA se han documentado operaciones irregularidades por más de 3 mil millones de pesos, en pagos sin contratos, en violación a la ley de compras y contrataciones públicas y de los más elementales métodos de control interno, para beneficio de empresas y personas vinculadas a los directivos, y duplicidades de pagos por los mismos servicios.
Todo agraviado por el asesinato del abogado Juniol Ramírez el 11 de octubre del 2017, justo en víspera de que el Tribunal Superior Administrativo conociera un recurso de amparo que él había incoado contra los ejecutivos de la OMSA por negarse a entregarle la información de operaciones que el denunciaba como irregulares.
El desafío para la PGR es mayor porque la mafia que secuestró en plena Universidad Autónoma de Santo Domingo y a la luz del día, y que asesinó a Ramírez, lo ha presentarlo como un extorsionador, lo que podría ser un agravio adicional. Según la versión de los involucrados en el crimen al abogado le habían adelantado un millón de pesos y exigía otros tres para renunciar a su demanda de información. Aunque la lógica indica que hubiese sido más barato y menos gravoso y riesgoso pagarle los tres millones de pesos y hasta grabar la operación, que involucrar en secuestro, asesinato y encubrimiento a casi diez personas, incluyendo la esposa de uno de los ejecutores.
Constriñe el alma advertir el costo que acumula la rampante impunidad que carcome la sociedad dominicana, con pocas esperanzas de que esta vez se demuestre que es posible desmantelar y condenar una mafia enquistado en un organismo del Estado.