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El Procurador para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo ayer que los estudios de laboratorios del exterior determinaron que el material conocido como rockash depositado en los puertos de Manzanillo y Arroyo Barril no es tóxico ni peligroso, además de que cumple con los requerimientos internacionales.
El doctor José Antonio Trinidad Sena, sin embargo, impuso una sanción administrativa a la compañía Multigestiones Valenza por el mal manejo del material. Esta sanción, dijo, es por el equivalente de 1,500 salarios mínimos vigentes en el sector público.
Trinidad Sena afirmó que las pruebas de laboratorio mostraron que estos materiales están por debajo de los límites permisibles de acuerdo con las normas.
Además Trinidad Sena ordenó que en un plazo no mayor de 15 días contados a partir de la notificación de la resolución que el rockash depositado en el muelle Juan Pablo Duarte en Arroyo Barril, Samaná, y el que está en Manzanillo, Monte Cristi, sea acondicionado de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los costos del acondicionamiento del material en Arroyo Barril deberán ser cubiertos por la empresa Multigestiones Valenza, mientras que en Manzanillo, en Monte Cristi, será responsabilidad de Trans Dominicana de Desarrollo, dispuso el Procurador de Medio Ambiente.
El presidente de las Trans Dominicana es Antonio Rosario ex senador por la provincia de San Cristóbal.
Trinidad Sena informó que designará una comisión para darle seguimiento al cumplimiento de la resolución. Esta comisión estará integrada por las personalidades y técnicos que la Secretaría de Medio Ambiente y deberá actuar hasta que se considere resuelto el problema.
El senador Ramiro Espino, quien denunció en el Congreso el desembarco de materiales tóxicos en Arroyo Barril, no compareció al despacho del procurador no obstante haber sido citado, ni tampoco el director de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM).
El Procurador del Medio Ambiente planteó en su resolución que todavía en el país no existe una normativa respecto a los niveles permisibles de los elementos, teniendo constantemente que recurrir a la normativa internacional, a los parámetros de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, así como la normativa europea.
Asimismo que la EPA considera que el material denominado rockash o ceniza roca está exento de la Reglamentación de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA).
Explicó que conforme a la EPA un residuo es considerado como peligroso si es inflamable, corrosivo, reacciona con otras sustancias o es toxico.
Trinidad Sena informó que recurrió a los laboratorios Severn Trent Laboratory, de Miami, y Assaigai Analytical Laboratories, de Albuerquerque Nuevo México, en territorio continental de Estados Unidos, así como al Altol Chemical Environmental Laboratory, de Ponce, Puerto Rico.
Además al de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y al del Instituto de Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Asimismo, solicitó a la rectoría del Instituto Tecnológico (INTEC) para que un especialista interpretara los resultados de las pruebas de laboratorio. El INTEC, dijo, envió al doctor José Contreras, vicerrector académico.
Contreras es doctor (PhD) en química y ha hecho estudios ambientales en el país en los pasados 20 años sobre contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, contaminación del suelo y el subsuelo por plomo y contaminación del aire por la combustión de motores, entre otros.
