Por lo que se observó el pasado martes, la mayoría de los diputados, integrada por las representaciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y su aliado el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se propone aprobar al vapor un nuevo parche a la Ley Electoral vigente, mientras han ignorado proyectos tan fundamentales como el de la Ley Orgánica del Sistema Electoral y el de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.

 De lo que se trata es de modificar la ley para que las alianzas electorales de cuatro o más partidos puedan llevar un segundo delegado a los colegios de votación, y desde luego sería una legislación en beneficio propio de los autores, no para mejorar absolutamente el sistema electoral.

 El proyecto de parche es del habilidoso diputado Rogelio Genao, quien a la vez ostenta el cargo de secretario general del PRSC, que de inmediato fue apoyado por sus aliados y se proponían aprobarlo de urgencia. El vocero del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Ruddy González, tuvo que advertir que se requiere dos terceras partes de los votos para reformular la Ley Electoral que ahora es orgánica, lo que obligó a remitirlo para el próximo martes, que es el único día de la semana que sesionarán los diputados ahora que están en campaña electoral.

 A primera vista, y dado que también el PRD encarnaría una alianza de más de cuatro partidos, parecería que el proyecto no busca una ventaja particular. Pero, como se trata de una ley, consagraría algo que en otra circunstancia devendría en ventajismo antidemocrático. Por ejemplo en futuras elecciones si sólo hay una alianza de esa dimensión. Pero también discrimina una potencial alianza de dos o tres partidos. Por demás, multiplicar los delegados en los colegios electorales abonaría los alegatos y dilaciones que caracterizan el procesamiento en las elecciones dominicanas.

 La iniciativa de ley en beneficio propio del proponente se produjo justo cuando Alicia Ortega acababa de denunciar la última hazaña de los diputados en materia de abuso del dinero de los contribuyentes nacionales, consistente en la disposición para cada uno, en diciembre pasado, de bonos, alimentos, bebidas y juguetes por un monto de 926 mil pesos. Así sustrajeron del erario público 162 millones de pesos por cuanto 175 de ellos recibieron los donativos. Sólo Guadalupe Valdez, Hugo Tolentino y Pelegrían Castillo rechazaron esa expropiación.

 La política dominicana ha devenido en un pragmatismo tan salvaje que ya nada puede sorprender, por lo que hay que prepararse para ver la aprobación del parche reformista, y no descarten que el “PRD institucional” o inclusive todos los legisladores de ese partido, terminen dándole su visto bueno, en vez de reclamar la aprobación del proyecto de Ley de Partidos que figuró entre los acuerdos derivados del pacto de hace dos años y medio entre el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado.

No hay que olvidar que ese proyecto fue reintroducido al Congreso en junio del año pasado por la Junta Central Electoral y que había sido sometido siete veces, con más o menos variantes, desde que fue consensuado por primera vez entre partidos y sectores sociales en 1999, para la misma época en que se pactó la ley del defensor del pueblo, que acaba de cumplir once años de promulgada, sin que los diputados hayan tenido tiempo de elegir sus ejecutivos.

Pero lo grotesco es que aprueben un nuevo parche a la Ley Electoral en vez de conocer el proyecto presentado en diciembre por la JCE para adecuar esa legislación al nuevo marco constitucional que rige desde hace más de dos años.

El proyecto elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, pretende mejorar la institucionalidad democrática, transparentar las finanzas de los partidos y normar las campañas electorales. Pero eso no interesa a los legisladores.