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Somos de opinión que un perfil para el buen funcionamiento de un acreditado sistema de instrucción pública debía de estar integrado por un conjunto de instituciones con una misión bien definida, con estructuras curriculares flexibles, y por cuerpos académicos integrados y dirigidos por personas capacitadas.

Creemos que para alcanzar todo esto y más, se debe impulsar carreras docentes que privilegien los merecimientos del personal a su cargo y que contribuyan a resolver muchos de los problemas que afecten a la sociedad.

Al ser la calidad inseparable de una buena educación, toda propuesta de reforma de la misma debe incluírsele como premisa de cualquier planteamiento.

Paralelamente con ello, se debe de poner en práctica todo un sistema de rendición social de cuenta con parámetros uniformes y coherentes. Esto que expresamos procura que meditemos profundamente sobre el verdadero contenido, alcance y posterior repercusión y beneficio que puedan obtenerse del recién acordado y suscripto Pacto para la Reforma Educativa.

¿Cómo habremos de lograrlo? Debemos de tener muy en cuenta que el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014- 2030 tardará algunos años en desarrollarse.

Nadie puede prever con certeza cuál será el resultado de sus diversas innovaciones y no nos cabe la menor duda de que en el trascurso de su aplicación hará falta introducir numerosas correcciones.

En la época en que vivimos de cambios acelerados en todo el mundo, un sistema de instrucción pública puede realizar importantes aportaciones al avance y progreso de la sociedad, siempre y cuando se le dote de los recursos y la libertad de acción necesaria.

En otras entregas analizaremos determinados aspectos del proceso de reforma, siendo conveniente para estos fines estudiar y analizar, aunque sea brevemente, el contexto dinámico y cambiante en el que se venido realizando dicha reforma.

Convocados mediante el Decreto 228-13 por el entonces Presidente de la República, licenciado Danilo Medina, actores del sistema dominicano de instrucción pública, rectores de universidades públicas y privadas, dirigentes magisteriales y sindicales, líderes políticos representantes de instituciones gubernamentales, expertos e invitados especiales, nos reunimos durante varios meses en uno de los salones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la ciudad de Santo Domingo bajo la conducción del presidente del Consejo Económico y Social, monseñor Agripino Núñez Collado, a discutir sobre los problemas que más afectaban a nuestro sistema de instrucción pública.

En esos mencionados eventos se discutieron temas como la democratización e Igualdad de oportunidades para acceder a la educación; sobre la calidad y pertinencia de los aprendizajes; sobre la Dignificación y desarrollo de la carrera docente; sobre la Cultura de evaluación del Sistema Dominicano de Instrucción Pública; sobre la modernización de la gestión; sobre el adecuado financiamiento y movilización de recursos para la educación, y sobre otros asuntos de importancia.

Los asistentes a los eventos más arriba señalados, suscribimos el llamado Pacto Educativo 2014-2030 pensando que su ejecución era lo que más contribuía al bienestar y progreso de la sociedad dominicana en general. Pero, lamentablemente, las autoridades de los gobiernos que se sucedieron fueron los primeros en violarlo.

En un plazo de poco más de cincuenta años la República Dominicana ha llevado a cabo una notable transición desde un prolongado período de más de treinta años de dictadura a una democracia en pleno funcionamiento.

En otras entregas, nos complaceremos en formular y contestar preguntas como éstas: ¿Cuándo y en qué época, este país ha tenido las escuelas, los institutos politécnicos y las universidades que hoy tiene? Y ¿qué decir de la capacidad y conocimientos de nuestros maestros en servicio?