R. VIDAL MARTÍNEZ
Recientemente el Presidente Leonel Fernández devolvió sin promulgar una ley mediante la cual los senadores y diputados se habían ellos mismos otorgado pensiones privilegiadas, bajo el argumento de que se trataba de legisladores que terminaban sus períodos porque no habían obtenido la reelección.

El Presidente dijo que se trataba de “un privilegio irritante” a favor de un número limitado de dominicanos. En su comunicación, el doctor Fernández no quiso agregar el hecho de que los beneficiados eran millonarios, que de una u otra manera habían hecho su fortuna al amparo del Estado.

Pero en realidad existen otros privilegios irritantes que se han asignado los legisladores, que chocan contra la pobreza del pueblo dominicano y que ningún gobierno se ha atrevido a enfrentar. Un ejemplo es la asignación de dos exoneraciones de automóviles para cada Diputado y Senador durante su período de ejercicio. Esa disposición, además de resultar sumamente irritante, es inclusive inconstitucional, ya que el artículo 100 de nuestra Constitución establece lo siguiente: “La República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos”. Además de ilegal e inconstitucional, ese privilegio es injusto, porque si hay funcionarios públicos bien pagados, los legisladores son de los principales. Originalmente cuando se adoptó esa medida, la cual exoneraba solamente un vehículo, se alegó que los salarios de ese momento de los senadores y diputados eran bastante bajos y ellos necesitaban tener vehículos para trasladarse desde sus comunidades hasta la ciudad capital. Sin embargo, ellos mismos se fueron aumentando sus emolumentos hasta llegar a ser los mejor pagados del Gobierno, pero no solamente mantuvieron el privilegio de la exoneración, sino que la ampliaron a dos por período, con el agravante de que es de conocimiento público que esas exoneraciones se utilizan para venderlas a particulares hasta el grado de que notorios narcotraficantes han sido sorprendidos utilizando dichos vehículos después de haberlos comprado a diferentes legisladores, en violación flagrante de la ley que impide traspasar los vehículos exonerados. Esta es una situación vergonzosa que ningún gobierno serio debía tolerar. Si por razones políticas se quiere favorecer económicamente a los legisladores más aun de lo que reciben actualmente, sería preferible que se estableciera una bonificación anual para transporte en adición a su salario, de alrededor de cien mil pesos, para que en los cuatro años sumara cuatrocientos mil pesos, equivalentes aproximadamente a la suma en que ellos venden actualmente sus exoneraciones, para evitarnos la vergüenza de ver delincuentes transportándose en automóviles supuestamente propiedad de senadores y diputados.

Es cierto que ganar unas elecciones presidenciales en la República Dominicana es algo sumamente difícil, es necesario reunir muchas condiciones para ello, tener además un alto grado de paciencia y hasta un destino de suerte para lograrlo. Leonel Fernández lo ha realizado dos veces, por lo cual merece la admiración de todos los dominicanos. Sin embargo, el problema del Presidente Fernández radica en que no es lo mismo ganar unas elecciones convenciendo a los ciudadanos a echar boletas en una urna, a gobernar un país difícil como la República Dominicana. Somos una nación de tradición presidencialista, en la cual el Presidente de la República tiene que demostrar cada día su condición de jefe de Estado, porque todo está concebido para que el Presidente tenga la última palabra hasta en las disposiciones más sencillas de la administración pública. Creemos sinceramente que en ese aspecto el Presidente Fernández ha fallado. Su gobierno anterior (1996-2000) resultó tan errático que hasta lo llevó a perder el apoyo de su principal aliado que era el doctor Balaguer y el Partido Reformista, lo cual produjo como consecuencia inmediata las derrotas electorales de 1998, 2000 y 2002, con la consecuente llegada al poder del PRD y el desastre económico y moral en que se sumió al país.

En este nuevo período del cual han pasado ya dos años, la inseguridad ciudadana ha llegado a un nivel escalofriante, la crisis de la energía eléctrica se ha agravado, el endeudamiento externo e interno sigue aumentando, el Gobierno continúa ampliando sus gastos corrientes en lugar de reducirlos, y el desempleo y el aumento del costo de la vida está estrangulando a la población. Ante esta situación, los dominicanos que quieren a su país se preguntan y se preocupan de saber si el Presidente Fernández será capaz de asumir el verdadero rol que le corresponde como jefe de Estado. Ahora que el Presidente tiene con su partido la mayoría del Congreso es una gran oportunidad para iniciar un verdadero gobierno, que podría perfectamente comenzar por eliminar ese privilegio irritante de las exoneraciones de vehículos a los legisladores para que el país sepa que hay un Gobierno que no está dispuesto a tolerar privilegios ni actos de corrupción a nadie.