El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, informó esta semana que ha dispuesto una investigación sobre la legitimidad de 6 mil 887 cambios de empadronamiento electoral registrados en los últimos meses, con un sospechoso patrón fraudulento. Por ejemplo citó el caso de unas 80 personas que trasladaron su residencia a una misma calle.

Aunque la información periodística no lo especificó, se asume que el traslado fue a un municipio y provincia de menor población, donde a menudo las elecciones de legisladores y munícipes se deciden por cientos de votos. Se trata de otra expresión de fraude electoral puesta en práctica por lo menos desde las elecciones del 2006.

Como la memoria política nacional es tan corta, la mayoría no recuerda que para antes de esos comicios congresionales y municipales se denunció un intenso tráfico de electores hacia las seis provincias de menor población, donde unos cientos de votos pudieron cambiar el resultado en el senador, el síndico y en la proporción de diputados y regidores.

Antes de que cerraran el período de  cambios de domicilio, tres mil 455 electores,   resolvieron emigrar hacia Pedernales, provincia donde representaron el 20.56% del padrón. Sólo al pobre municipio de Oviedo llegaron mil 802, equivalentes al 27% de sus electores. Proporciones superiores al 2% y hasta el 5% significaron los traslados a las provincias Independencia, Elías Piña, Santiago Rodríguez, El Seybo, Dajabón, Hato Mayor y Monte Plata, que son precisamente de las que más movimientos migratorios registran pero a la inversa, es decir expulsando los suyos hacia las mayores concentraciones del empleo, la inversión y el ingreso.

Para entonces un simple muestreo realizado por el movimiento cívico Participación Ciudadana evidenció un patrón fraudulento. Muchos de los trasladados tenían la misma dirección, no vivían en las casas indicadas y eran desconocidos allí, pues en gran proporción ni siquiera eran nativos de esos lugares que retornaban a votar. Quedó claro que eran parte de un nuevo tipo de maniobra fraudulenta cuando el 16 de mayo decenas de autobuses llegaron a esas provincias transportando las evidencias. Teleantillas hizo un amplio reportaje sobre el particular.

Para la JCE no será nada difícil enviar inspectores a comprobar si los trasladados hace cuatro años y para este proceso viven realmente en las direcciones que ponen, y en caso contrario deben ser revocados esos cambios para evitar que la abundancia de dinero, cada vez más fruto de actividades ilícitas y de la corrupción pública, incremente el cultivo de este género de fraude electoral.

La tentación debe ser mayor por cuanto los tramposos no habrán olvidado que en los comicios del 2006 las senadurías de cinco provincias se decidieron por menos del 1% de los sufragios, en otras dos por menos de 2% y en dos más por menos del 3%, proporciones muy vulnerables en 9 de las 32 provincias. Tres de ellas estuvieron entre las que lideraron las inmigraciones de electores. Y para mayor asombro, en 11 municipios la elección se decidió por menos de 50 votos.

No hay dudas de que la política nacional tiene cada vez un mayor componente de pragmatismo salvaje, que no respeta límites y muestra una enorme capacidad para innovar en el ventajismo. Y para este proceso electoral que se avecina los desmadres pueden superar todas las imaginaciones, puesto que esta vez, en aras de unificar todas las elecciones a partir del 2016, los legisladores y munícipes tendrán un mandato de seis años. También por la enorme revalorización de los ingresos de legisladores, síndicos y regidores que estimula los recursos ilícitos para acceder a beneficios considerables en las provincias y municipios más pobres.

Cada vez se hace más urgente una ley que establezca límites a la actividad política, especialmente en las campañas electorales, y que transparente el gasto de partidos y candidatos para preservar la salud de esta democracia tan cara y putrefacta que nos estamos gastando los dominicanos. Es mucho más urgente en la medida en que vemos las  dimensiones que ha ganado el narcotráfico y su terrible infiltración hasta de los organismos de seguridad del Estado, con su enorme capacidad para comprarlo casi todo.