Hoy 
RAMÓN NÚÑEZ RAMÍREZ
Si bien los mayores esfuerzos de este gobierno deberán concentrarse en recuperar la estabilidad macroeconómica y superar la crisis estructural del sistema energético, existen otros puntos en la agenda, aunque no forman parte del debate diario, de cuya solución depende el futuro de sectores estratégicos como el turismo u otros generadores de divisas.
Por supuesto que la primera responsabilidad de la administración Fernández será restablecer el equilibrio macroeconómico para retornar la senda del crecimiento y ese proceso, en marcha con el choque de confianza experimentado en estas primeras semanas, deberá continuar con la reforma fiscal, un nuevo acuerdo con el FMI, renegociación de la deuda externa, mantenimiento de la disciplina fiscal y monetaria y desmonte de los certificados del Banco Central. Toda crisis financiera llega a su fin y la dominicana, de seguir las autoridades con esa ortodoxia y de continuar el sector externo vigoroso, como hasta ahora, podría superarse antes de cumplirse la mitad del presente periodo de gobierno.
La crisis eléctrica es otra cosa, porque guarda relación con demasiadas variables, desde un parque energético con altos costos de generación, combustibles caros, contratos perjudiciales al interés nacional y usuarios históricamente acostumbrados a no pagar por el servicio. Sin lugar a dudas la crisis eléctrica es el mayor problema que este gobierno deberá enfrentar y su solución definitiva probablemente trascienda a estos cuatro años.
Ahora bien, estabilidad macroeconómica y crisis eléctrica no constituyen las únicas responsabilidades del gobierno si bien en la agenda la mejoría en la educación y salud pública constituyen metas claves en un programa efectivo para superar la pobreza, existen otros problemas, cuya solución por cierto requiere de menores costos, a los cuales este gobierno deberá dar respuesta o de lo contrario el país enfrentará dificultades con su sector externo.
Uno de ellos guarda relación con la aviación civil y la transportación aérea. Desde la última administración del Dr. Balaguer, debido a las múltiples deficiencias de nuestras terminales y la incapacidad de los organismos supervisores, fuimos colocados en la lista negra en la categoría tres por parte de la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos.
La ubicación del país en esa categoría significó el tiro de gracia para las líneas aéreas dominicanas, ya que para volar a territorio de los EU debían utilizar naves arrendadas bajo el costoso sistema del «wet leasing» en vez de operar sus propias naves con tripulación del país. Pero eso solo fue en principio y en la actualidad permanecer en esa categoría y seguir incumpliendo con una serie de requerimientos de seguridad, especialmente después de los atentados terroristas del 11-S, nos puede conducir a que la FAA eventualmente decrete la prohibición de tocar suelo norteamericano las aeronaves que partan de la República Dominicana.
El tiempo se agota, los requerimientos de la FAA hoy son mayores que antes, y si las nuevas autoridades al frente de Aeronáutica Civil, así como otras agencias relacionadas con la seguridad aeroportuaria no toman los correctivos definitivos al país le pueden aguardar momentos difíciles que puedan afectar el flujo aéreo y el transporte de pasajeros requisito fundamental por garantizar el crecimiento sostenido del turismo.
En el caso de los muelles las autoridades portuarias de los EU están imponiendo estrictos controles y exigiendo una mejoría en las medidas de seguridad con la finalidad de garantizar que los buques y los muelles en el exterior no sean utilizados como puentes por las redes terroristas. De nuevo en esta área las autoridades nacionales disponen de un calendario cuyo vencimiento no excede los dos años a partir de lo cual si no se han adoptado las previsiones el país podría ser declarado inelegible para que sus muelles puedan despachar naves hacia territorio norteamericano.
El ingreso a un tratado de libre comercio con los EU, unido a un tenso ambiente de lucha permanente contra el terrorismo, representa para países como el nuestro un reto a la organización, a la extirpación de la corrupción, causa eficiente de muchos de los males en muelles y aeropuertos, y para adoptar estándares internacionales de seguridad.
Evidentemente que las mayores preocupaciones del Poder Ejecutivo deben estar orientadas a devolver esta economía a la estabilidad con crecimiento y resolver la crisis estructural del sector eléctrico, pero ello no debe significar abandonar cuestiones claves como la seguridad aérea y portuaria con la finalidad de que nuestro país mejore de forma sostenida la comunicación con el resto del mundo y así garantizar que no habrá obstáculos al libre desarrollo y crecimiento del comercio internacional de bienes y servicios.
