Claudia Hernández de Alba
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Nuestro país ha vivido una gama de experiencias, las cuales han tocado las más profundas raíces socieconómicas y sobre todo las culturales, que han traído numerosos cambios en lo político.

El cambio demográfico experimentado en los últimos años ha modificado el perfil de nuestra población, lo que trae como consecuencia el aumento de las demandas sociales, ya que estas presentan condiciones distintas a las que se tenían en el pasado.

Estas demandas sociales han generado un cambio de actitud por parte de los servidores públicos traducidos en la formulación de nuevas estrategias de políticas más acorde a las necesidades y exigencias de la sociedad en su conjunto y la influencia del entorno regional e internacional.

En la medida en que el hombre transita por los diferentes estadios de su vida, va descubriendo su libre albedrío y lo manifiesta de diferentes formas conforme adquiere madurez y comienza a prescribir su propio dominio en que su autonomía constituye uno de sus valores máximos. De acuerdo con García (2001), Fernández (2000) y Walton (1977), la ética considera los actos humanos en cuanto son “correctos” o “incorrectos” o en cuanto “justos” o “injustos” con referencia a una serie de valores de un grupo social. Los valores éticos deben fundamentarse en conocimientos y normas racionales que permiten que la ética se convierta en una ciencia normativa.

Desde mi punto de vista, el objetivo de la ética lo constituye la aplicación de una serie de normas morales tomando como base lealtad, honradez, cortesía y  honor,  que son las que van a contribuir al fortalecimiento de las estructuras institucionales.

Las estrategias normativas institucionales son de carácter preventivo, como  se establece en nuestra Carta Magna, consagrando como derechos subjetivos públicos no solo la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción del Estado tomando en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas, sino también la protección y promoción de sus culturas: lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social.

El objetivo principal del Estado es el logro del bien común, el bienestar social. La eficiencia del mismo se medirá en relación a  que todas las acciones que se realicen estén enfocadas en garantizar este fin.

La administración pública es el medio y la estructura de que dispone el Estado para garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Esto es, a las personas que integran conforme dicha armazón institucional, llámeseles servidores públicos, colaboradores, administradores o funcionarios públicos, deben ser personas dignas, respetadas y honestas, en quienes el factor moral constituye uno de  los elementos primordiales de los programas y políticas de Gobierno.

El servidor público ajusta su comportamiento a una serie de órdenes, normas y lineamientos de tipo moral,  ya que sus funciones ante la sociedad resultan ser casi sacerdotales.

En consecuencia, el servidor público debe ser un ejemplo de moralidad. El cumplimiento del deber y el orgullo de ser funcionario público se debe vivir día a día para recobrar la confianza de la ciudadanía emprendiendo ideas y conceptos que ayuden a entender la diversidad de criterios morales. A partir de estos conceptos, es posible edificar una ética más acorde en la cual  los valores, principios y costumbres sean traducidos en la capacidad del servidor público para crear, pensar y desarrollar actitudes más acorde con su visión del mundo, no limitadas exclusivamente al ámbito laboral, sino que traspasen las fronteras culturales y familiares, por respeto al deber como a las funciones encomendadas.