El mecánico levantó la tapa de motor del automóvil donde estaban todos los candidatos presidenciales para los comicios de 1994 y sentenció: el problema está en la Junta.

La caricatura de Cristian Hernández, publicada entonces en El Nacional, cuyo original conservo en mi biblioteca, tiene una lamentable vigencia nuevamente.

Seguidores del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quienes dicen que actúan a nombre de él y para su beneficio, mantienen una actitud que nada tiene de original: la política de la aplanadora que tanto daño hizo al Partido Revolucionario Dominicano y su gobierno de 1963.

Para que los compañeros voten por sus candidatos, para que otros retiren sus candidaturas, ofrecen dinero, amenazan a quienes rechazan  las pretensiones diciéndoles que no van a ocupar cargos en el gobierno y otras acciones tan desdorosas como esas, esas bajezas nada tienen que ver con las conductas que se deben asumir en un partido democrático.

Se intenta obligar no convencer, empujar no dirigir, se abusa de los derechos mediante procedimientos de fuerza, ya sea física o económica.

Eso está ocurriendo, aunque lo nieguen.

Alguno o algunos de aquellos que han sido amenazados, chantajeados o hayan sido objeto de ofrecimientos inaceptados, tendrá el coraje de denunciar tales prácticas que se pensaba eran propias nada más que de otros partidos; nunca del PRD.

Jamás en el pasado del Partido Revolucionario Dominicano hubo un  candidato que intentara chapear bajito para descabezar a los candidatos que no fueran de su preferencia. Primera vez. Esto es muy grave.

Miles de dominicanos que hemos trabajado por la democracia no podemos callar ni estar conformes. No.

Nunca pensamos que alguien intentaría imponerse por la fuerza de las papeletas y las amenazas.

 Esos procedimientos son una indiscutible manifestación de la corrupción que acogota la acción política en al país.

Y ahora viene la Junta Central Electoral, a la cual no se le pidió que opinara sobre el particular y en su Resolución 059 del 14 de setiembre del 2009, acoge como buenas las decisiones adoptadas en la convocada reunión del Comité Ejecutivo Nacional reunida el 15 de agosto de este año, maniobra fallida dado que no hubo el quórum establecido por los estatutos del partido. Así las cosas, las decisiones son ilegales. Sencillamente.

Explíqueme usted ¿cómo la JCE validó las decisiones, aunque tiene los documentos que muestran que no se registró el quórum requerido por inasistencia de miembros del CEN?

Cualquiera piensa que se validó la reunión cuando se conformó el quórum con el pie de amigo de miembros de la Comisión Contenciosa, cuyos votos individuales valen por cientos.

¿Aceptaremos la aplanadora?