San Juan. El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, anunció hoy la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo de EE.UU. para que se declare constitucionalmente válida la ley que permitiría que las corporaciones públicas de la isla reestructuren su deuda.

Miranda indicó a través de un comunicado que mediante el recurso legal, Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado de EE.UU. y afronta una aguda crisis financiera, reitera la necesidad de que las corporaciones públicas puedan reestructurar su deuda, al tiempo que se garantiza la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.

“Como anunciáramos hace unas semanas estamos acudiendo ante el más alto foro judicial en la esfera federal para que se le reconozca a Puerto Rico su facultad de legislar en materia de reestructuración fiscal de las corporaciones públicas”, señaló el funcionario.

Matizó que en el recurso se expone que dado que en 1984 se excluyó a Puerto Rico del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal de EE.UU., el campo para poder legislar en esa área nunca fue ocupado, por lo que la Ley 71 de 2014 promovida por el Ejecutivo local debe ser reconocida como válida.

“Como hemos dicho anteriormente no es aceptable que se coloque a Puerto Rico en estado de indefensión en sus asuntos fiscales. Convencidos de ello, defendemos con firmeza nuestro derecho a crear legislación que dicte los procesos ordenados que tanto el Gobierno como sus acreedores necesitamos para enfrentar el cúmulo de deuda actual”, destacó Miranda.

“Entendemos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debe acoger nuestra petición para que se reconozca la facultad de Puerto Rico de legislar una reestructuración fiscal en las corporaciones públicas”, sostuvo el titular de Justicia.

Según Miranda no hay impedimento constitucional alguno para la puesta en vigor de la Ley 71 de 2014.

El litigio tiene su origen en una demanda interpuesta en junio de 2014 por acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el tribunal federal de distrito en San Juan, pleito sobre el que el juez Francisco Besosa declaró en febrero pasado la inconstitucionalidad de la Ley 71 de 2014 aprobada por la Legislatura puertorriqueña.

La decisión fue recurrida por el Estado Libre Asociado ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston, el cual mantuvo la decisión de inconstitucionalidad mediante un pronunciamiento emitido el pasado 7 de julio.

El Tribunal también interpretó que el Congreso federal se reservó el derecho de enmendar el Capítulo 9 para incluir a Puerto Rico.   En su petición, el Estado Libre Asociado argumenta que, al excluirse en 1984 a Puerto Rico del Capítulo 9, el Congreso no expresó intención alguna de impedir que Puerto Rico aprobara legislación propia sobre reestructuración de deudas.

El Tribunal Supremo federal debe notificar si acoge o no la petición, dado que este recurso es de naturaleza discrecional.   De acogerlo, el Supremo divulgaría entonces un calendario para que las partes presenten alegatos y se citen vistas, entre otros trámites procesales.

La procuradora general de Puerto Rico, Margarita Mercado Echegaray, presentó la solicitud el pasado viernes en representación del Estado Libre Asociado.

Mercado Echegaray señaló que el tribunal debe intervenir “para revocar el trato dispar que la interpretación del Primer Circuito pretende darle a Puerto Rico en virtud del cual se excluye arbitrariamente al Estado Libre Asociado de los beneficios del Capítulo 9″.

Puerto Rico arrastra una deuda de cerca de 73.000 millones de dólares que su gobernador, Alejandro García Padilla, anunció no se podrá pagar en los términos acordados.

La Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés) no saldó a principios del presente mes el vencimiento de una emisión de deuda de decenas de millones de dólares, considerado el primer impago en la historia de Puerto Rico.