San Juan.– Puerto Rico, un Estado Libre Asociado de EE.UU., comienza hoy un largo camino para el pago de su deuda bajo un proceso de quiebra que solicitó la entidad federal que controla al Ejecutivo de la isla.

Un día después de la decisión anunciada ayer por el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el mandatario aseguró en una conferencia de prensa, tras reunirse con su equipo fiscal que no tomará una ruta “que redunde en más sacrificios para el pueblo de Puerto Rico».

En este sentido, “las necesidades esenciales del pueblo de Puerto Rico, estarán primero siempre”, agregó el gobernador. A su vez, indicó que existe la “percepción de que el Título III es la quiebra. ¡La quiebra había llegado hace tiempo! Simplemente esto ha sido un proceso para tener la protección de la corte a las demandas frívolas y una base para poder renegociar los términos de la deuda».

El gobernador también quiso subrayar que se está “trabajando por Puerto Rico” y que afrontará “todos los retos que se presenten poniendo al pueblo primero».

Ayer la Junta de Supervisión Fiscal -entidad de control impuesta por Washington- sometió una solicitud del Gobierno para acogerse a un tipo de quiebra que establece normativa aprobada en el Congreso de EE.UU. para atender este asunto.

La Junta de Supervisión Fiscal presentó la solicitud al Tribunal del Distrito federal de Puerto Rico para que el Gobierno se acoja al título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés).

Esa norma, que establece la creación de la Junta de Supervisión Fiscal que controla cualquier decisión del Ejecutivo local, fue aprobada en 2016 en el Congreso de EE.UU. con el objetivo de dar solución a un caos que se avecinaba ante la imposibilidad de devolver una deuda de 70.000 millones de dólares.

Una vez presentada por parte de la Junta de Supervisión Fiscal la solicitud de acogerse al título III de Promesa, que no es más que un proceso de quiebra tutelado por la Justicia, es turno de que el presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts, elija juez. La decisión de la entidad de control al Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló, gobernador de la isla desde enero, se materializó después de largos meses de negociaciones sin que fuera posible alcanzarse un acuerdo.

La Ley Promesa establece que durante la negociación ningún tribunal acepte demandas por impago, con el objetivo de “dejar respirar” al Ejecutivo de la isla y que no tuviera que destinar su atención a litigios judiciales. Ese periodo que “congelaba” la presentación de demandas expiró el pasado lunes, dando paso, de forma inmediata, a la presentación de demandas, el anticipo de un caos que cortó de raíz la Junta de Supervisión al solicitar que Puerto Rico se acoja a título III de Promesa.

Para entender el porqué de la Ley Promesa hay que volver la mirada a 1984, año en el que la isla deja de estar incluida en el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal de EE.UU. Cuando en 2015 el Gobierno de Puerto Rico ve que ya no puede acudir más a los mercados para financiarse porque nadie le presta ante la amenaza de un impago promueve, con el objetivo de solucionar el caos que se avecina mediante una bancarrota dirigida, la Ley de la Quiebra Criolla, que en junio de 2016 declara inconstitucional el Tribunal Supremo de EE.UU.

La indefensión en la que quedaba Puerto Rico sin poderse acoger a un proceso ordenado de quiebra y la evidencia de que no podía pagar la deuda forzó a que en junio de 2016 el Congreso aprobara Promesa, concebida para que el Ejecutivo local pueda cumplir con los acreedores y seguir operando el Gobierno.

El proceso de quiebra comenzó el miércoles con el título III, que establece la paralización de las demandas judiciales de los acreedores. La Junta de Supervisión Fiscal, en representación del Gobierno de Puerto Rico, presentará un plan -que tendrá en cuenta hasta dónde puede pagar el Gobierno- de ajuste de deudas que será evaluado por los acreedores, quienes votarán sobre su aprobación.

El tribunal aprobará el plan si cumple con ciertos requisitos y este vinculará a los acreedores, sin importar si votaron a favor o en contra. El impacto que tendrá sobre los acreedores dependerá de la decisión del Tribunal, que deberá considerar que puede afrontar el Gobierno y si los títulos de deuda son prioritarios, asegurados o no asegurados.

Si se reconoce una parte sustancial de la deuda como prioritaria y asegurada -lo que quiere decir que el Gobierno tiene que pagar- la reducción puede no ser suficiente para permitir su pago y a la vez seguir funcionando.

Analistas sitúan en cerca del 60 % la reducción del monto total de la deuda como el porcentaje necesario para que el Gobierno pueda afrontar su pago. El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, aclaró hoy que no toda la deuda pública se acogerá al título III de Promesa, pero sí la que está bajo la Ley de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que está asegurada.

Algunos medios estiman en 30.000 millones de dólares la deuda incluida en bonos prioritarios o asegurados.