El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, anunció ayer su intención de convocar a acreedores y bonistas en busca de una “moratoria negociada” por varios años de parte de la ingente deuda que asfixia las financias públicas de una economía que lleva dos décadas prácticamente estancada.

“Sin  un  crecimiento  agresivo  de  la  producción,  nunca  saldremos del ciclo vicioso de  contracción,  emigración, austeridad e impuestos”, dijo García Padilla en un mensaje televisado para toda la ciudadanía, a la que explicó que la situación es insostenible y que ha llegado el momento de velar por el crecimiento económico.

“Hemos hecho todo lo que estaba en nuestro poder, pero el próximo paso tiene que ser lograr términos más favorables para el pago de nuestra deuda”, añadió, tras advertir que los bonistas son corresponsables de esta situación.

En su mensaje televisado, que se emitió con una hora de retraso respecto a la hora prevista, reconoció que las medidas que se han tomado durante sus dos años de gobierno no ha sido suficientes para reactivar la economía y sanear la cuentas. Sin embargo, dijo, “todas las medias que tomamos en estos últimos  dos  años demuestra nuestra voluntad de pagar (la deuda) y, de no haberlas tomado no estaríamos en posición hoy de reclamar la reestructuración».

Explicó que “la deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable” y su tamaño “nos impide salir del ciclo de recesión y contracción”, al tiempo que impide el acceso a mercados.

En cuanto a las recomendaciones realizadas por un grupo de expertos liderados por la ex economista jefe del Banco Mundial Anne Krueger, descartó que vaya a reducir el salario mínimo y “defenderé los empleos como un objetivo principal». Sin embargo, sí compartió la necesidad de impulsar “un plan de reestructuración y desarrollo que atienda a largo plazo, y de forma definitiva, el inmenso problema que enfrentamos». “De no lograrlo, la alternativa sería el impago unilateral y no planificado de las obligaciones, con todas las consecuencias negativas que esto implica”, advirtió.

Las negociaciones las llevarán el actual secretario de la Gobernación, Víctor Suárez; la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta; el secretario de Justicia, César Miranda y los presidentes de Senado y Cámara, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló. “Iniciarán conversaciones para lograr, con transparencia y consenso, la reestructuración de la deuda pública”, explicó, con la meta de “lograr una moratoria negociada con los bonistas para posponer por un número de años los pagos de la deuda, de forma que ese dinero se invierta aquí en Puerto Rico».

Advirtió que “el fracaso de esta estrategia no le conviene a nadie”, puesto que P. Rico “no tiene la capacidad de continuar pagando conforme a los términos actuales». “A aquellos que pretendan explotar esta situación para sacarle provecho financiero o político a costa de nuestro pueblo les digo que Puerto Rico estará unido frente a ellos”.

A EU le pidió que incluya a Puerto Rico en el amparo de la Ley de Quiebras, mejoras en la financiación de la sanidad pública, exclusión de las leyes de cabotaje y “herramientas que permitan atraer inversión».