El postulante a Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, valoró como positiva para la institucionalidad del país la posición de la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) de que se seleccione un nuevo incumbente con transparencia, objetividad y despolitizado.

Ulloa, quien tiene un doctorado en gobierno y políticas públicas, dijo que confía en que se respete la Constitución de la República y la Ley 19-01 en la escogencia del nuevo incumbente.

Afirmó que es el único de la terna para Defensor del Pueblo que cumple con todos los requisitos de ley, principalmente no ser partidista, además de haber obtenido la más alta calificación en la evaluación de la Cámara de Diputados, 97:44%.

Por tal motivo, insistió en ponderar de altamente oportuno el mensaje de ANJE sobe el rol de ese órgano constitucional como garantista de los derechos de los ciudadanos. Expresó que confía en el Senado de la República, quien tiene la responsabilidad de hacer la selección.

“En virtud del cumplimiento del plazo de la designación de la Defensora del Pueblo, de la Zoila Martínez Guante, la República Dominicana está en medio de un proceso de selección de un nuevo incumbente por lo que los jóvenes empresarios abogamos porque la persona a asumir tan importante responsabilidad sea seleccionada bajo esquemas de transparencia y objetividad” planteó ANJE en un comunicado reciente.

La entidad empresarial también invitó a la ciudadanía a mantenerse vigilante del proceso, que consideró clave para el correcto funcionamiento del ordenamiento político y jurídico y con ello para la estabilidad social y política que permitan mantener la nación en las vías del desarrollo.

Entre los puntos esenciales a tomar en cuenta en este proceso de reforma ANJE citó:

• La despolitización de la designación del Defensor del Pueblo y sus adjuntos, mediante la participación de actores representativos de la sociedad civil en el proceso de evaluación de perfiles y definición de ternas.

• El fortalecimiento de los mecanismos de colaboración interinstitucional con las entidades estatales y las privadas que ofrecen servicios públicos para el efectivo seguimiento y procesamiento de las denuncias

• El incremento de la partida presupuestaria asignada a la Defensoría del Pueblo, de manera que se pueda articular un accionar efectivo a nivel nacional.