Desde el 1979, los convenios colectivos puestos en vigencia en el Central Romana y sus posteriores reformas, aprobados entre la empresa y el Sindicato de Trabajadores del Central Romana han sido de los más modernos en cuanto a relaciones laborales.

Entre sus cláusulas más importantes figuran: a) la igualdad entre trabajadores dominicanos y extranjeros con permiso de trabajo; b) el convenio o pacto colectivo, desde el 1979 aceptó las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, sobre la libertad sindical y sobre los derechos de todos los trabajadores que presten sus servicios en el Central Romana, importando poco la nacionalidad de estos empleados; c) el trabajador goza del privilegio de recibir bonificaciones por encima de las establecidas en la ley, al recibir el trabajador este pago al finalizar cada zafra azucarera sin tener que esperar que transcurran los 90 o 120 días del cierre de cada ejercicio económico del Central Romana, de acuerdo a las disposiciones de los Arts. 223 y 224 del Código de Trabajo; d) el actual Art. 30 del Código de Trabajo es producto de las reformas laborales del año 1992, es un texto copiado del Convenio Colectivo del Central Romana, que considera a los contratos estacionales como contratos por tiempo indefinidos.

Esto significa que no hay que tener mucha imaginación para darse cuenta que, las sanciones dirigidas por el encargado de negocios de EEUU, país que resulta ser nuestro principal socio comercial, son parte de una nueva campaña de descrédito que busca desprestigiar a la República Dominicana y el Gobierno actual en represalia por habernos negado a establecer campos de refugiados de haitianos en nuestro país y por haber ordenado nuestro presidente, en su condición de jefe del gobierno y del Estado, continuar con las deportaciones de inmigrantes haitianos que se encuentren en el país de manera ilegal. Esta soberana y prudente decisión de nuestro Presidente, se encuentra amparada en nuestra Constitución en sus Arts. 3, 18 y s., 128 y s., de la Constitución y además, en la sentencia No. 168-13 de nuestro Tribunal Constitucional, disposiciones que con su aplicación buscan conservar la existencia del Estado dominicano. Es por esto que, el alegado trabajo forzado y el irrespeto de los derechos humanos denunciados por nuestro principal socio comercial, solo busca mancillar las instituciones que gobiernan el debido funcionamiento del Estado dominicano.

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Hay que señalar que EEUU no reconoce ninguna investigación o recomendación que realice la CIDH, siendo además letra muerta para EEUU cualquier decisión de esos organismos internacionales frente a ellos. Más aún, Estados Unidos y estos organismos internacionales no tienen ningún interés en resolver la situación del fallido Estado haitiano, ni en el retorno a su país de la masiva inmigración ilegal haitiana que se encuentra actualmente en República Dominicana. De ahí es que, con el pretexto del infundado trabajo forzado que supuestamente ocurre en el Central Romana, así como las demás denuncias de siempre relativas a supuestas situaciones de racismo y xenofobia, estos grupos internacionales actúan por encargo de intereses de sus financistas , aún en los casos en que las investigaciones, testimonios o pruebas que han presentado sean falsas o se encuentren manipuladas, por lo que ni los Estados Unidos ni los organismos internacionales como la ONU resultan ser imparciales ni idóneos frente a la campaña que se está realizando en contra de la República Dominicana. Por eso, ellos se resisten a reconocer que Haití es el principal violador de derechos humanos.

De ser el país más pobre y necesitado en América. Se trata de un país que resulta ser más sobrepoblado que China, al tener 350 habitantes por kilómetros cuadrados; mientras que Estados Unidos, que con sus 9,826,676 kilómetros cuadrados y una población de 31.68 habitantes por kilómetros cuadrados, muestran una vasta extensión territorial despoblada, es un país que le cierra las puertas a los inmigrantes haitianos, aún cuando se trate de mujeres embarazadas y niños no acompañados, los cuales son expulsados de EEUU, prefiriendo mejor abrirle sus puertas a los inmigrantes ucranianos; todo esto a pesar de que Estados Unidos es parte de los responsables de la situación actual haitiana, cuando intervinieron dicho país por más de 20 años con la ONU (1994-2018).