EDUARDO JORGE PRATS
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Si el liderazgo nacional y las organizaciones ciudadanas más influyentes en todos los niveles no extraen las lecciones de estas recién pasadas elecciones, estaremos sentando las bases para una crisis de gobernabilidad de consecuencias imprevisibles. La primera lección de este proceso y la que hay que aceptar, se quiera o no se quiera, es que el Presidente Leonel Fernández y la alianza de partidos encabezada por el partido oficial han obtenido un triunfo de 14 puntos porcentuales sobre su más cercano contendor, el Ing. Miguel Vargas Maldonado.

La segunda gran lección es que el Partido Revolucionario Dominicano emerge del torneo electoral fortalecido como organización y como el principal partido de oposición, lo cual se revela en su crecimiento en ocho puntos porcentuales en relación a los resultados electorales del año 2004 y en haber ganado individualmente en 17 provincias del país, todo ello pese al avasallante aparato de publicidad estatal. La caída del Partido Reformista Social Cristiano bajo el umbral electoral del 5%, con todo lo que ello implica en pérdida de financiamiento para un partido orientado a la búsqueda de cargos, torna claramente el sistema político hacia un bipartidismo signado por dos partidos “atrápalo todo” y orientados a los votos, en franca y abierta polarización.

La tercera y no menos importante lección es la que se deriva de las declaraciones de la misión observadora de la Organización de los Estados Americanos y del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a que las pasadas elecciones estuvieron caracterizadas por el abuso de los fondos estatales en la campaña del candidato reeleccionista, lo cual, quiéralo o no el presidente Fernández y el partido oficial, es una percepción que, aunque no incide en la legitimidad jurídica de su victoria que se confunde, como en toda democracia, con la mera legalidad, sí afecta la legitimidad política de su triunfo. Es precisamente esa percepción la que marca y explica el discurso de aceptación de la derrota por Vargas Maldonado y sus posteriores declaraciones a la prensa.

Tomando en cuenta estas lecciones, debemos asumir que la gobernabilidad en el corto y mediano plazo solo puede estar sustentada en una reforma político electoral destinada a desterrar los elementos que permiten a cualquier partido en el poder abusar de su posición dominante en detrimento de la oposición. Tal reforma, sin embargo, no puede alcanzarse si no es en el marco de un pacto de los partidos y abandonando una lógica amigo/enemigo que no se compadece con la emergente estructura bipartidista del sistema político, en donde las fuerzas políticas se reconocen legítimos adversarios que discuten las políticas manteniéndose leales al sistema y sin cuestionar las reglas de juego de la deliberación democrática.

El presidente Fernández ha recibido un claro mandato popular para gobernar y el equipo económico sabe lo que hay que hacer para enfrentar la situación económica, como bien ha expresado el Secretario de Planificación, Temístocles Montás: el gobierno está en lo cierto porque es políticamente mayoritario. Por otro lado, no se le puede exigir a la oposición que renuncie a su legítimo derecho de hacer oposición ni tampoco que no secunde las posiciones del empresariado, de los sindicatos, de economistas como Bernardo Vega, Apolinar Veloz, Pavel Isa y Carlos Despradel y de los demás sectores concernidos con la economía, a menos que se considere que toda la sociedad civil es tan solo un conjunto de “personas frustradas”. Por ello, lo ideal es que el pacto político esté acompañado de un gran acuerdo económico y social que comprometa a toda la nación y que permita al país crecer sostenidamente con estabilidad, institucionalidad y equidad y a las fuerzas políticas competir en igualdad de condiciones.  

De más está decir que el pacto que se propone es lo único que evitará que el sistema bipartidista gire, sin retorno posible, hacia un sistema de partido único o hegemónico, una democracia plebiscitaria, que es el paso decisivo a una especie de “dictadura con apoyo popular”. Si se cree que lo que es igual no es ventaja y si asumimos la gobernabilidad como la asignatura básica en una democracia en construcción, entonces no hay obstáculo para que estas reformas se emprendan cuanto antes y desde ya.