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Tal y como se afirma en el Documento de Base del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030: “las políticas educativas deben constituirse en políticas de Estado, por lo que dicho Pacto tendrá plena vigencia hasta el año 2030, sin importar las variaciones o cambios políticos que pudieran producirse en este lapso de tiempo. Se entiende que los cambios y ajustes que deben introducirse a lo pactado deberán ser realizados mediante un proceso plural, colectivo y de amplia participación como el que sustenta dicho gran Acuerdo, a fin de garantizar su legitimidad”. Uno de los mayores desafíos que actualmente enfrentamos en materia de reforma de la educación es el tratar de procurar que nuestro sistema de instrucción pública, al igual que el de educación superior, responda a los requerimientos de un patrón tecnológico muy distinto del que nos condujo al nivel de industrialización que alcanzamos a partir de los años 40 del pasado siglo 20 y que moldeó los tipos de empresas que hoy tenemos. Buscamos la reunión de voluntades, la expresión global de nuestros anhelos y sentimientos, la explicitación de los escenarios futuros que de forma colectiva y solidaria puedan continuar moldeándose; en fin, ahondar en un análisis en el cual se fundamente un movimiento que incida en la construcción del futuro de una sociedad dominicana renovada y acorde con la demanda de los nuevos tiempos.
A decir de algunos destacados economistas “estamos en medio de la construcción y generalización de un nuevo paradigma en las formas de producir y organizarse”. Esa transición presenta el peligro de agravar el rezago pero también constituye una gran oportunidad al romperse la continuidad tecnológica y abrirse las posibilidades para dar un salto en el desarrollo. Como bien lo expresara Carlota Pérez, investigadora del Centro para el Desarrollo de la Universidad Sussex, Inglaterra, “el resultado de la reestructuración del aparato económico en América Latina dependerá, por una parte de nuestra capacidad para comprender, adoptar y adaptar al nuevo patrón tecnológico y, por la otra, de nuestra capacidad para elevar significativamente la calidad de nuestros recursos humanos”.
Los acuerdos y compromisos que asumimos todos los suscribientes del Pacto para la Reforma Educativa 2014-2030 fueron de distinta naturaleza. Algunos implican políticas públicas concretas y reformas legislativas; otros exigen dedicar mayores esfuerzos públicos y privados; y algunos promueven cambios de paradigmas en nuestro accionar cotidiano, personal y colectivo. Las reuniones llevadas a cabo con el fin de llegar a un consenso en torno a una reforma de nuestro sistema de instrucción pública abarcaron temas como la alfabetización de adultos; las construcciones escolares; la tanda extendida, la capacitación y formación docente, entre otros no menos importantes, los cuales fueron analizados por decenas de especialistas nacionales y extranjeros de reconocido prestigio, quienes señalaron nuevo caminos en los temas de su especialidad. Nadie puede prever con certeza cuál será el resultado de sus diversas innovaciones, y no cabe la menor duda de que en el transcurso de su aplicación hará falta introducir numerosas correcciones, por lo que será necesario un control y evaluación continúa del avance y progreso de la reforma.